La Diputación de Salamanca destinará 40.000 euros durante los próximos cuatro años a reforzar la asistencia jurídica en los municipios más pequeños de la provincia. Así lo avanzó hoy su presidente, Javier Iglesias, quien presentó el nuevo convenio de colaboración con el Colegio de la Abogacía, con el objetivo de "seguir garantizando que ningún municipio de la provincia quede desprotegido en materia legal, especialmente aquellos con menos recursos económicos, técnicos o jurídicos".

Iglesias destacó, en declaraciones recogidas por Ical en la Sala de Comarcas del Palacio de la Salina, el compromiso de la institución provincial con el mundo rural y, en particular, con los ayuntamientos más pequeños. Gracias a este acuerdo, vigentes desde el 1 de enero de 2026 al 30 de diciembre de 2030, los municipios de menos de 1.000 habitantes y con recursos ordinarios inferiores a 250.000 euros podrán beneficiarse de un servicio de asistencia jurídica gratuita para su representación y defensa en juicio.

Para ello, la Diputación ha incrementado la dotación económica destinada a este convenio, pasando de 8.000 a 10.000 euros anuales, lo que permitirá reforzar la colaboración con el Colegio de la Abogacía y ampliar los medios disponibles para los ayuntamientos. "Hablamos de un apoyo fundamental para la mayoría de estas entidades locales menores", refirió Iglesias sobre las capacidades en materia legal de los núcleos más reducidos.

Además, recordó que, durante los últimos años, varios municipios ya han recurrido a este servicio. En 2024, por ejemplo, lo solicitaron Armenteros y La Tala, cuyos procedimientos continúan en tramitación. También Golpejas y Villar de Gallimazo, cuyos casos ya se han cerrado, y recientemente se ha retomado un proceso en El Tejado.

"Desde la Diputación seguiremos trabajando con la misma filosofía: estar al lado de nuestros pueblos, sobre todo de los más pequeños, facilitando que puedan gestionar sus asuntos con seguridad, respaldo y garantía jurídica", señaló Javier Iglesias, quien finalizó su intervención haciendo un llamamiento a los alcaldes y secretarios municipales para que se informen y hagan uso de este recurso, "diseñado para apoyar su labor diaria y fortalecer la gestión municipal en los ayuntamientos ".

Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Salamanca, Miguel del Castillo, motivó este convenio en la intención de "estar en la vanguardia a la hora de prestar servicios a la sociedad". En este sentido, recordó que la institución comenzó a prestar este servicio de asesoramiento y asistencia jurídica a ayuntamientos e instituciones locales con poca capacidad jurídica en 2004.

"En este tiempo hemos constatado que se ha dado respuesta a no pocos problemas jurídicos. Son muchas las necesidades existentes, lo que convierte a la Abogacía en pieza fundamental para la protección jurídica de estas instituciones que necesitan conocer, sobre todo, cómo actuar ante las administraciones de justicia Nos encontramos en la España vacía, en municipios cada vez más despoblados, con menos recursos y que necesitan más ayuda", finalizó.