El Consorcio de Gestión de Residuos de Salamanca (Girsa) asumirá este año el importe del nuevo 'tasazo' por el tratamiento de basuras de los Ayuntamientos, de unos 2,1 millones de euros. El presidente de dicho consorcio, Javier Iglesias, ha anunciado hoy que la decisión se ha adoptado por unanimidad y que servirá para aliviar temporalmente la presión fiscal sobre los consistorios de la provincia.

El contexto es el siguiente: una nueva ley nacional, trasposición de una directiva europea, obliga a trasladar a los ayuntamientos los gastos derivados de la gestión de residuos de sus vecinos y negocios. La citada ley es de obligado cumplimiento desde el 10 de abril.

Según Iglesias, para poder cumplir con esa orden, los Consistorios y mancomunidades tendrían que aprobar ordenanzas y comenzar a cobrar la tasa, que ascendería a 2,1 millones de euros en toda la provincia, capital incluida. Dado que la ley entró en vigor "a mitad de partido" y no el 1 de enero, los ayuntamiento se ven abocados a una "situación compleja", tanto por la tramitación de la ordenanza como por el importe a pagar. Según la Diputación, es "una carga fiscal inesperada".

Así las cosas, el consorcio Girsa asumirá este año el pago de esos 2,1 millones de euros y dará tiempo a los Ayuntamientos para que redacten sus ordenanzas y empiecen a cobrar la tasa a partir del 1 de enero de 2026. Girsa es una entidad supramunicipal que se nutre del pago de tasas por parte de los Ayuntamientos, tiene remanentes suficientes como para asumir esa cantidad. Javier Iglesias ha añadido que se afronta 'a fondo perdido' y que no reclamará la cantidad en el futuro.

Ahora la pelota está en el tejado de los Consistorios y las mancomundades, que ganan seis meses de plazo para preparar sus ordenanzas y planificar el próximo ejercicio presupuestarios sin 'sustos'.