Las Junta de Castilla y León y la de Extremadura han suscrito un nuevo Protocolo General de Actuación para reforzar su cooperación en la prevención y extinción de incendios forestales en zonas fronterizas entre ambas comunidades. El acuerdo, firmado por los responsables autonómicos de medio ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones e Ignacio Higuero de Juan, actualiza y amplía el convenio firmado en 1998 y su adenda de 2010, consolidando casi treinta años de trabajo conjunto.

El nuevo protocolo contempla mecanismos de ayuda mutua, cooperación técnica, formación conjunta en todo el territorio y el intercambio de información especializada. También establece criterios de actuación ante incendios que afecten simultáneamente a ambas comunidades o amenacen con cruzar la frontera administrativa.

Uno de los aspectos clave es la creación de una Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales (ZACIF), que abarca cinco kilómetros a cada lado del límite autonómico. En esta franja de diez kilómetros se activará el envío automático de medios terrestres y aéreos, además de aplicarse un protocolo operativo común y, en determinados casos, un mando unificado.

Según han recordado desde el Ejecutivo autonómico, la colaboración entre ambas comunidades ha sido fundamental para contener algunos de los incendios más relevantes de los últimos años, como los ocurridos en Pinofranqueado (2023) y Acebo (2015), ambos en Extremadura.

Entre 2010 y 2024, Castilla y León ha intervenido en 689 incendios fuera de su territorio, más de la mitad en Portugal. En ese tiempo, Extremadura recibió 77 actuaciones de apoyo de Castilla y León, un 11,2 % del total. A su vez, esta comunidad recibió 153 apoyos externos, especialmente desde Madrid (41), Extremadura (35) y Castilla-La Mancha (27).

Estos datos refuerzan el papel estratégico de Castilla y León en el sistema nacional de emergencias forestales y su activa cooperación transfronteriza con Portugal. La comunidad mantiene protocolos con todas sus regiones vecinas y ha desarrollado una sólida red de colaboración técnica, operativa y formativa.

Este nuevo protocolo supone un paso decisivo para mejorar la coordinación institucional, optimizar recursos y reforzar la respuesta frente a los desafíos del cambio climático, el aumento de la severidad de los incendios y la protección del entorno natural y la seguridad ciudadana.