El sindicato UGT Servicios Públicos ha denunciado públicamente el supuesto olvido político y laboral que, a su juicio, sufre la Policía Local de Santa Marta de Tormes bajo la gestión del actual equipo de Gobierno municipal. Según UGT, el alcalde, David Mingo, ha iniciado "expedientes sancionadores contra varios agentes, recurriendo a medios invasivos de control que, según el sindicato, presentan dudas legales y defectos de forma". 

El sindicato señala además que estos procesos sancionadores responden a "represalias premeditadas", ya que la instrucción de los mismos ha sido asignada a miembros externos a la plantilla, lo que consideran una forma de encubrir negligencias por parte de la Jefatura y responde a sentencias judiciales adversas para el Ayuntamiento en reclamaciones laborales previas.

Asimismo, UGT denuncia la falta de recursos humanos y materiales para la Policía Local, con equipos informáticos obsoletos, programas sin licencia activa, vehículos sin pasar la ITV y unas instalaciones en mal estado, con problemas de goteras y plagas.

También critica que el concejal delegado de Policía "no respete acuerdos plenarios ni el convenio laboral vigente desde 2002", interpretando erróneamente derechos de los agentes en bajas médicas como absentismo y desvirtuando el régimen de descansos y servicios extraordinarios. El sindicato asegura que, además, se está excluyendo del sistema de vacaciones a policías en situación de incapacidad temporal, vulnerando claramente sus derechos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha respondido que todos los procedimientos disciplinarios se tramitan con total garantía y sin prejuicios, "garantizando la defensa de los afectados y apostando por la objetividad al designar instructores externos". Recalca que cumple con la normativa laboral vigente, recordando que no se pueden asignar servicios a personas en situación de baja médica.

El consistorio también resalta su "disposición negociadora, señalando que desde hace un año se mantienen reuniones quincenales que han permitido avances como la aprobación de la carrera profesional y la implantación de la jornada laboral de 35 horas, que se aprobaron por unanimidad". Enfatiza que las declaraciones del sindicato responden a intereses políticos particulares y no reflejan el sentir ni la realidad del cuerpo policial ni el conjunto de trabajadores, y que el Ayuntamiento "continuará buscando acuerdos que mejoren tanto las condiciones laborales como la prestación del servicio público".