4.000 propietarios tendrán que esperar a un cambio de ley para recuperar la plusvalía en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca se juega más de 9 millones de euros con la plusvalía, un impuesto ahora anulado por el TC. Habrá que esperar a una nueva redacción técnica del impuesto para saber quién podrá pedir devoluciones.

La decisión del Tribunal Constitucional de anular el impuesto de la plusvalía tal y como está redactado en todos los ayuntamientos va a obligar a la administración a hacer una nueva redacción de este impuesto, que en su actual formulación ha sido declarado inconstitucional. Según el alto tribunal, no es correcto calcularlo imputando a una vivienda, el supuesto más habitual, el valor de los terrenos en los que se asienta, y hacerlo en función del valor catastral al que siempre se le aplican subidas. Eso implica cobrar por un incremento de valor algo que, en los últimos años, no siempre ha sido así como las transacciones de vivienda.

 

Mientras se aclara la situación, está claro que el Ayuntamiento de Salamanca se ha precipitado en su estrategia sobre este impuesto, seguramente, acuciado por las prisas de su socio preferente, Ciudadanos, se se apresuró a pedir la devolución del impuesto. Ninguno de los dos, ni PP ni C's en el consistorio, hicieron caso a la FEMP, que pidió en su día lo que ahora obliga el TC: un nuevo diseño de este impuesto. Un tributo en el que el Ayuntamiento se juega nada menos que 9,1 millones de euros, que fue la recaudación del año pasado.

 

El consistorio abrió inmediatamente la posibilidad de reclamar devolución para plusvalías de los últimos cuatro años o de aquellos que iban a hacer una operación solicitaran que el impuesto quedara en suspenso. Ninguna de las dos medidas ha tenido éxito. Sólo se han presentado unas 200 solicitudes en la capital según fuentes municipales de las 4.000 operaciones que, según Tinsa, podrían estar afectadas en toda la provincia. Y hay motivos para pensar que la promesa de una devolución es engañosa para los afectados.

 

Ha habilitado unos formularios y mantiene que con presentar la escritura de compra-venta y acreditar que se ha vendido una vivienda por debajo de lo que se compró para no pagar la plusvalía. Tinsa, la tasadora oficial, opina que no es suficiente. Pero lo más importante es que mientras no se cambie el impuesto, no hay mucho que hacer.

 

Hasta ahora, la plusvalía se ha cobrado en función de los criterios que rigen el impuesto y los casos pagados hasta ahora se ciñen a ellos, así que es difícil conseguir una exención. Al haberse girado calculado sobre el valor catastral y con un tipo del 30%, que es lo contemplada en la ley, no hay nada incorrecto. 

 

Así que, de esos dos centenares es muy probable que no se pudiera conceder ninguna devolución o exención porque no se ha dado el paso clave: cambiar la norma. Otra cosa será cuando se cambie el impuesto y se estableza a que período afecta de manera retroactiva. Se verá entonces si los propietarios que han hecho operaciones en los últimos cuatro años pueden solicitar la devolución.