España ya cuenta con una ley contra el desperdicio alimentario, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aprobada en el Congreso el 20 de marzo y en vigor desde el 2 de enero, la norma busca reducir las pérdidas en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó que la ley revaloriza los alimentos y el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores, permitiendo a los operadores mejorar su eficiencia.

Prevención y jerarquía de usos

Para evitar el desperdicio, los agentes de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención, analizando sus procesos productivos y aplicando estrategias para reducir las pérdidas.

Se establece una jerarquía de usos para los alimentos no vendidos o en riesgo de desperdicio:

1. Consumo humano, priorizando su transformación en otros productos, como zumos o mermeladas, o su donación a entidades sociales y bancos de alimentos.

2. Alimentación animal o uso industrial, cuando los alimentos no sean aptos para el consumo humano.

Además, los establecimientos de hostelería, excepto los de bufé libre, deberán ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse la comida sobrante en envases reciclables.

Excepciones y sanciones

Las microempresas (menos de 10 trabajadores) y las pequeñas explotaciones agrarias (menos de 50 trabajadores) quedan exentas de la obligación de elaborar un plan de prevención y de firmar acuerdos de donación.

Para garantizar su cumplimiento, la ley contempla un sistema de sanciones:

• Infracciones leves: apercibimientos o multas de hasta 2.000 euros.

• Infracciones graves: multas entre 2.001 y 60.000 euros.

• Infracciones muy graves: sanciones de hasta 500.000 euros.

El Ministerio ha anunciado un Plan Nacional de Control para supervisar la aplicación de la ley y definir objetivos y prioridades en la lucha contra el desperdicio alimentario.