Castilla y León no es una Comunidad atractiva para la inversión extranjera en bienes inmobiliarios. Lo constata el dato de las 'golden visa', que el Gobierno quiere eliminar.

Esta figura ha huido de esta autonomía desde que el anterior presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, la estableciera en 2013 para permitir obtener el visado de residencia a aquellos extranjeros que invertían en el país al adquirir vivienda por encima de 500.000 euros.

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Comunidad no ha recibido solicitud alguna en este sentido, de las 14.576 concedidas en España en estos diez años.

La mayor parte de residentes que han pedido adherirse a esta medida corresponden a ciudadanos de China y Rusia, que suponen el 45 por ciento del total entre ambas, mientras que el resto se reparte principalmente entre Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México.

Además, nueve de cada diez autorizaciones se ciñen a Madrid (19 por ciento) y a cinco provincias del arco mediterráneo: Barcelona (33 por ciento), Málaga (18), Alicante (10), Baleares (cinco por ciento) y Valencia (cuatro por ciento), lo que explica el nulo interés de los extranjeros en inversiones inmobiliarias en Castilla y León, donde la especulación en vivienda turística es casi inexistente en comparación con el arco mediterráneo y la capital de España, el precio de la misma es mucho más bajo, casi no existen áreas tensionadas y esta medida solo beneficiaba a las inversiones por encima del millón de euros.

De hecho, en algunas ciudades de relevancia turística nacional, las adquisiciones de viviendas ligadas a inversiones previstas en esta Ley, la 14/2013, han llegado a representar hasta el 7,1 por ciento, como es el caso de Marbella, o el 5,3 por ciento en Barcelona, del total de las compraventas de vivienda en un mismo año.

Desde el comienzo del programa (2013-2023) se han concedió 15.540 autorizaciones, de las que el 94 por ciento corresponde a inversiones en bienes inmuebles, 14.576. El promedio del importe de la inversión se sitúa por encima del mínimo exigible de 500.000 euros, con la siguiente evolución 909.947 euros en 2016; 2,5 millones en 2017; 755.750 en 2018; 708.792 euros en 2019; 833.544 euros en 2020; 840.698 en 2021; 857.105 euros en 2022; y 769.332 en 2023.