El Ayuntamiento de Salamanca ha dado luz verde definitivamente al proyecto de ordenanzas municipales planteado por el equipo de Gobierno para 2024. Un pleno urgente y extraordinario ha servido para hacer oficial lo que ya se daba por sentado, ya que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta en el pleno.

Las ordenanzas más relevantes contemplan la congelación general o actualización puntual de los cinco impuestos municipales, incluyendo el impuesto sobre bienes inmuebles, la plusvalía, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el impuesto sobre los vehículos y el impuesto sobre actividades económicas.

El proyecto recoge aplicar la actualización según el IPC de agosto (2,6%) a las tarifas vinculadas a compromisos contractuales (ORA, agua y alcantarillado, servicios funerarios y cementerios municipales, mercado central, estacionamiento del Centro de Transportes y depuración), así como a las tarifas del transporte urbano (salvo el bono-bus especial, que permanece congelado).

En el caso de las tarifas por la utilización de las piscinas municipales, la actualización se realiza por aplicación del contrato con la empresa concesionaria en función de la variación interanual, a noviembre de 2022, del IPC correspondiente a la subclase de servicios recreativos y deportivos, con una reducción del 15%.

Respecto a la tasa por la recogida de basura, se ha aprobado un incremento del 7,5%, lo que supondría una subida media de 6,48 euros para casi el 80% de los contribuyentes. Dicho aumento "viene motivado por el nuevo impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero, establecido por la Ley 7/2022 de residuos, que incrementa en un 328,57% el anterior impuesto autonómico", afirman desde el Consistorio.

También se ajustan los precios de las Escuelas Infantiles, que permanecen congelados, a la nueva situación de gratuidad del servicio para alumnos de 1-2 años y de 2-3 años, que abonan solo la parte proporcional no gratuita del horario (3 sobre 8 horas), al igual que se hace en las Escuelas dependientes de la Junta de Castilla y León.

Aunque se presentaron 56 alegaciones a las ordenanzas fiscales, únicamente tres se tomaron en consideración: dos planteadas firmadas por PSOE y Vox, por separado, para elevar, del 50% al 95% final, la bonificación del impuesto sobre construcciones para inversiones superiores a 6 millones de euros en obras y reformas; y una tercera de la asociación de empresarios de hostelería de Salamanca, para eliminar la aplicación de determinados recargos a las terrazas ubicadas en plazas de estacionamiento, ya que si éstas se ocupan es por obligación, para adaptarse a la normativa nacional que obliga a dejar 1,8 metros de paso para peatones.