El Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Salamanca tuvo conocimiento el pasado mes de marzo  de la posible existencia de una empresa dedicada a la venta de productos ibéricos sin el factor de raza, edad y alimentación, incumpliendo la norma de calidad del ibérico, con el consiguiente perjuicio para los compradores.

Los guardias civiles del citado Servicio de Protección de la Naturaleza de Salamanca iniciaron la operación denominada 'SA.DRYHOUSE' que permitió descubrir cómo la empresa investigada adquirió y transportó 150 animales (cerdos) con origen en Fuente Obejuna (Córdoba) y cuyo destino era una explotación en el municipio salmantino de San Pedro del Valle, donde se les retiraban los crotales de procedencia y se les re-identificaba con un nuevo crotal de una explotación ganadera situada en Villar de Gallinazo, los cuales sí cumplían con la norma del ibérico. Cabe destacar que ambas explotaciones de Salamanca pertenecen a la misma empresa investigada.

Los investigadores comprobaron la existencia de un grupo organizado (dos ganaderías y una empresa transporte), que manipulaban los cerdos y la documentación para que pudieran tener la apariencia de los requisitos de la norma del ibérico. Durante su investigación los agentes hallaron una entidad de inspección y certificación que daba la cobertura a este grupo criminal para poder expedir los documentos necesarios y acreditar que los animales se certificaran como ibéricos y su posterior destino a matadero. 

Como consecuencia de las actuaciones realizadas, se ha procedido a intervenir cautelarmente 300 jamones, 300 paletas y 300 cañas de lomo, las cuales se encuentran depositados en un matadero de la localidad de Guijuelo.

Estos hechos tienen un considerable beneficio económico, ya que los precios de las piezas cárnicas incrementan notablemente su valor en esta época, si se certifican como ibéricas, pudiendo ascender su precio en el mercado actual a unos 40.000 euros.

Debido a todo lo expuesto, se procedió a la detención de los gerentes de las dos empresas ganaderas, así como a la investigación de otras siete personas, como supuestos autores de los delitos de estafa, falsificación documental y organización criminal.