Podemos ha iniciado la tramitación de un expediente de regulación de empleo que supondrá la extinción de los contratos y el cierre de las sedes en nueve territorios (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Cantabria, Madrid y Valencia) como consecuencia de los resultados de las elecciones de mayo y julio.

En un escrito que la formación morada ha remitido a sus empleados, el ERE se justifica en razones económica, técnicas y organizativas y se enmarca en una "reorganización profunda" que tiene que acometer el partido para adaptarse al descenso de recursos motivados por los resultados obtenidos tanto en las elecciones generales del 23 de julio como en las autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Podemos explica que, según sus cálculos, las previsiones de ingresos se reducirán un 70 por ciento en lo que se refiere a la organización estatal y un 90 por ciento en los nueve territorios afectados.

Añade que la reducción de ingresos obliga a adaptar los gastos, incluidos los laborales, que en el caso de los territorios afectados implica la extinción de los contratos (45 en las nueve comunidades afectadas) y el cierre de los centros de trabajo, y en el ámbito nacional la reducción de la plantilla.

Con este expediente de regulación de empleo y el cierre de algunas sedes, Podemos pretende asegurar su acción política "y garantizar la continuidad del avance de las políticas transformadoras", tras el descenso de diputados que se ha producido en las últimas elecciones y de la representación institucional en las comunidades.