El intento de fuga por parte de un preso de la cárcel salmantina de Topas, cuando estaba siendo trasladado al Clínico de Valladolid, ha traído de nuevo a la actualidad el retraso en la apertura del módulo penitenciario del Hospital de Salamanca, dos años después de su inauguración.

Las denuncias por parte de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil han sido constantes durante todo este tiempo debido a las "situaciones de riesgo que se viven" tanto por parte de los funcionarios como de los guardias civiles que llevan a cabo los traslados. Desde JUCIL añaden que resulta "fundamental" resolver estas carencias y evitar nuevos sucesos de este tipo. 

En este sentido, fuentes de la Consejería de Sanidad indicaban que el espacio -después de las puntualizaciones realizadas por el Ministerio-, "está listo", aunque le "faltan elementos de seguridad que tendrían un valor de 300.000 euros, que es lo que depende de Instituciones Penitenciarias (Interior) a la que se han remitido diferentes escritos durante el último año".

Así las cosas, David Serrada, portavoz del PSOE en la Comisión de Interior en el Congreso, ha reiterado que ni Instituciones Penitenciarias ni en el Ministerio del Interior en su día "tuvieron constancia desde Sacyl de cómo se habían planificado las obras de este módulo en el Hospital", -de ahí partiría el problema-, algo según él "nunca antes visto desde una institución autonómica".

Fue tras la pandemia Covid, relata, cuando "desde el Sacyl se les comunica cómo son las instalaciones ya terminadas", aunque vuelve a destacar que esto "es una cuestión de seguridad que debería haber sido consultada de forma previa. Las obras deberían haberse decidido entre ambos y nunca se ha contado con el criterio del Ministerio del Interior". 

El principal 'pero' que se plantea es que "desde Instituciones Penitenciarias creen que esa unidad está sobredimensionada. Ahora mismo no hay ese volumen de internos potenciales que puedan ocupar las instalaciones y por eso ellos creen que es muy grande", señala el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior en el Congreso. 

En todo caso, Serrada ha hecho especial hincapié que más que un problema político se trata de una situación administrativa y que "desde el principio" se han "buscado soluciones" por parte del Ministerio del Interior. De hecho, apunta que "se está elaborando un convenio con todas las prescripciones técnicas para pasárselo a la Junta de Castilla y León y llegar así a un acuerdo para poder finalizar las obras. La voluntad es pagarlo".