La pieza, datada en 1916, se encuentra actualmente en proceso de reparación y ya se han realizado las pruebas de resistencia en el coro
Tapian las ventanas del palacete en ruinas del paseo de la Estación para evitar nuevas intrusiones de ocupas
La propiedad ha procedido a cerrar huecos de la fachada y recientemente también desbrozó toda la parcela a la espera de los planes de construir viviendas de lujo
Los propietarios del viejo caserón en ruinas del paseo de la Estación han procedido a tapiar las ventanas del edificio para intentar evitar las intrusiones que se producen periódicamente, una de las medidas que se han visto obligados a tomar mientras se define el proyecto previsto para esta antigua edificación. El palacete, fechado en el año 1900, lleva décadas abandonado y ha atravesado por situaciones complicadas, desde su constante deterioro y abandono, requerimientos para arreglarlo, ocupaciones y un delito de violación.
La obra se ha llevado a cabo en los últimos días y para ello se ha utilizado ladrillo. Se han cerrado los huecos de la fachada y de uno de los laterales, pero sólo en la planta baja. La puerta sigue siendo de madera, clausurada con cadena y candado, igual que la verja exterior; también están cerrados con forja algunos de los accesos a la calle posterior. Se trata de un nuevo intento de evitar intrusiones, que se producen con frecuencia al alojarse allí ocupas.
Hace unas semanas, los actuales propietarios procedieron a la limpieza de la parcela, totalmente cubierta de vegetación; lo hicieron a petición del consistorio, aunque desde que adquirieron el inmueble lo han hecho con cierta frecuencia ya que en el solar crecen de manera incontrolada plantas invasivas.
El edificio cambió de manos en septiembre de 2019 cuando un grupo de inversores salmantinos decidió aquirirlo. Lo hicieron con el inmueble libre de cargas, situación a la que llegó tras años de multas a los propietarios originales, tres miembros de la misma familia a la que era difícil localizar y a los que durante años el Ayuntamiento de Salamanca tuvo que multar reiteradas veces.
No ha ocurrido así con los nuevos propietarios, que tienen un proyecto para rehabilitar la parcela (1.400 metros cuadrados) y el edificio (400 metros construidos) que carece de protección patrimonial alguna a pesar de sus características. El objetivo de los nuevos propietarios es recuperar la construcción principal y devolverle la imagen que le corresponde históricamente, para lo cual plantearon en su momento respetar el edificio tal y como está conservando los valores arquitectónicos originales con la lógica rehabilitación que necesita tras años y años de abandono.
No obstante, casi tres años después no se ha vuelto a saber nada del proyecto, que planteaba la opcíon de construir un número limitado de viviendas de lujo en el fondo de la parcela acompañado de equipamientos deportivos, piscina y zona ajardinada.
Un pasado de abandono

El edificio lleva muchos años en mal estado y sus anteriores propietarios acumularon durante años multas e incumplimientos. En 2013 ya hubo que apuntalar el edificio, clausurar puertas y ventanas y limpiar el terreno, pero lo tuvo que hacer subsidiariamente el ayuntamiento: es decir, lo ejecutó el consistorio, pero le pasó la factura a los propietarios. El coste, 69.000 euros que se convirtieron en un embargo. Todo ello se hizo después de que la Policía expulsara a los ocupas que se habían instalado en el inmueble.
La antigua propiedad fue sancionada con infinidad de expedientes, llegó a tener una multa mensual de 600 euros y sanciones y facturas por no asumir tareas de limpieza de vegetación, que tenía que acabar haciendo el consistorio. Después, en 2018, estuvo a punto de ocurrir lo mismo con la factura por el desbroce exterior de la vegetación que había vuelto a crecer hasta salirse de la finca, pero en el último momento, pagaron.
No obstante, el daño ya estaba hecho y los nuevos propietarios adquirieron el inmueble como está, en un estado de profundo abandono a pesar de que se trata de un edificio singular de la ciudad.
Su incorporación se enmarca dentro de la subvención concedida por la Junta de Castilla y León, a través del programa PRORGAN
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