El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Igualdad a diversas entidades para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con la aprobación de este Real Decreto, el Ministerio de Igualdad destina 12,9 millones de euros para la puesta marcha el I Plan de Inserción social y laboral, la primera política pública de estas características, que será presentado en el mes de septiembre en un acto entre el departamento de Irene Montero y las entidades que lo llevarán a cabo.

"Este Real Decreto se enmarca en la hoja de ruta del Ministerio de Igualdad para luchar contra la trata y la explotación sexual, así como para ofrecer alternativas sociales y laborales para las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución", ha explicado en un comunicado.

Se prevé que desde su implementación en el mes de septiembre y hasta el 2026, fecha de finalización del Plan, se llegue a cerca de 30.000 mujeres a las que se ofrecerán condiciones materiales que les permitan salir de la violencia.

La aprobación de esta medida permite, según ha añadido, "seguir completando el itinerario de atención para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución ya que las mujeres podrán acceder a los derechos de inserción social y laboral que se plantean con el modelo de acreditación aprobado en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y en la Conferencia Sectorial de Igualdad del 27 de mayo".

Médicos del Mundo, Adoratrices, Mujeres en Zona de Conflicto, APRAMP y Fundación Cruz Blanca llevarán a cabo, en el conjunto del territorio, actuaciones encaminadas a la inserción sociolaboral y de acompañamiento a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y en contextos de prostitución, estableciendo itinerarios integrados de con prácticas en empresas, apoyo en la búsqueda laboral y entrenamiento para afrontar entrevistas de trabajo.

Estas organizaciones también podrán en marcha un teléfono gratuito de información, orientación y derivación sociolaboral, así como asistencia en los procesos de regularización de estas mujeres.

Los equipos deberán estar formados por profesionales sanitarios, sociales, juristas y psicólogos que den apoyo tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas estableciendo itinerarios de inserción socioeducativa y de formación a menores, acompañamiento que refuerce las vías de salida de la prostitución y apoyo en el acceso a la vivienda.