La Junta de Castilla y León denunciará al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante la Unión Europea por excluir al Gobierno de la Comunidad del reparto de fondos para proyectos pilotos desarrollados por las comunidades para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Así lo aseguró hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, en declaraciones ofrecidas a los medios, y recogidas por Ical, durante su visita a la residencia juvenil José Montero de Valladolid, donde no descartó emprender acciones judiciales, a través de una demanda, contra el Gobierno por esta cuestión.

“Entendemos que no ha habido transparencia ni concurrencia y que se está perjudicando claramente a los ciudadanos de Castilla y León, especialmente a las familias más vulnerables que necesitan salir de esa situación de exclusión”, declaró Blanco, quien también aprovechó para volver a solicitar al Gobierno que traspase la gestión del Ingreso Mínimo Vital a su Consejería porque “la mejor forma de coordinarlo con la Renta Garantizada de Ciudadanía es que haya una única administración que gestione” esas ayudas para ver “la compatibilidad entre una y otra”.