La Junta quiere mejorar la información sobre rutas y plazas disponibles y simplificar el acceso al servicio
Castilla y León cambia las normas de las plazas de toros portátiles: permisos más ágiles, inspecciones cada dos años
Las plazas de toros portátiles acogen alrededor del 20 % de los espectáculos taurinos cada año en Castilla y León y ahora será más fácil obtener un permiso.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto que regulará la instalación de plazas de toros portátiles, por el que se reducirán las cargas administrativas para ayuntamientos y empresarios, y se reforzará la seguridad de los espectáculos que puedan albergar. En este sentido, podrán obtener permiso con más facilidad ya que se pasa de régimen de autorización previa a la declaración responsable, pero serán inspeccionadas cada dos años.
Actualmente, son 33 las plazas de toros portátiles inscritas en Castilla y León. En el año 2019, cifras prepandemia, se celebraron en plazas de toros portátiles 365 espectáculos taurinos, de los que 71 correspondieron a espectáculos taurinos ‘mayores’ y 294, a espectáculos taurinos populares; todos ellos en el medio rural de la Comunidad.
Teniendo en cuenta que en ese mismo año se celebraron 2.280 espectáculos taurinos en Castilla y León (1.946 populares y 334 mayores), las plazas de toros portátiles acogen alrededor del 20% de los espectáculos taurinos que anualmente se organizan en Castilla y León, cifras que denotan la importancia que estas instalaciones tienen para la organización de espectáculos públicos, taurinos y no taurinos, en torno a los que se genera una importante actividad económica en el medio rural.
La norma que hasta ahora regulaba las plazas de toros portátiles era el Decreto 115/2002, de 24 de octubre, que se deroga para modernizar las relaciones entre la Administración que debe controlar la instalación de plazas portátiles y los ayuntamientos y empresarios interesados en el reconocimiento y puesta en funcionamiento de este tipo de infraestructuras, reduciendo las cargas administrativas para los consistorios y empresarios sin merma de las condiciones de seguridad de las que deben dotarse estas instalaciones para ser reconocidas.
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