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Andrés Seoane Fuente

Universidad: cuestión de innovación

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Una de las palabras más repetidas al hablar de la universidad es “innovación”. Bueno, quizá no desde hace un mes y medio, cuando “máster” o “Cifuentes” han acompañado mucho más a todas las conversaciones en torno a la institución. Pero intentando obviar este escandaloso desvarío en que se ha convertido el ‘Mastergate’, la defensa de la innovación como camino hacia la excelencia de la universidad parece ser un dogma indiscutible e incontestable.

 

Pues bien, es mentira. No que sea la vía para que nuestras universidades alcancen la cúspide de su desarrollo, sino que se pretenda. Basta con poner unos sencillos ejemplos para evidenciar que desde los órganos de poder y decisión públicos, no se quiere facilitar a la institución que lleve a efecto todas sus potencialidades. Primero: la Ley Orgánica de Universidades data del 21 de diciembre de 2001. Ni siquiera es mayor de edad, cuando hoy cualquier avance caduca al cuarto de hora. Segundo: esta norma apenas aporta variaciones respecto de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria. ¿Alguien sabe de qué año es? Ni más ni menos que de 1983.

 

Con 35 años, esta ley roza la fecha en que comienza a denominarse millenial a una generación. ¿De verdad que es así como se pretende propugnar la innovación en la universidad? Cuando entró en vigor esta ley, acababa de salir al mercado el Motorola Dynatac 8000x, una ‘joya’ que se vendió como el “primer teléfono móvil de la historia”. Medía 33x4,5x8,9 centímetros y costaba 4.000 dólares de entonces. Si a cualquiera le internarían en un psiquiátrico por seguir utilizando semejante antigualla, no cabe en una cabeza racional que la universidad, vehículo del progreso y el avance de la sociedad, esté atada a unas cadenas de aquella época.

 

Para seguir con otro ejemplo, hoy en día existen más herramientas que nunca para evitar el plagio en un artículo académico, una polémica de la que no está exenta la universidad. No obstante, de nuevo existe un vacío abismal en lo que a legislación se refiere: las sanciones por incumplimiento del deber académico están contenidas en un norma de 1954. ¿La razón? Se dio como plazo límite el año 2010 pero, por lo visto, los mandatarios al cargo desde entonces no han tenido tiempo de tratar este ‘asuntillo’.

 

Si se hace, por unos segundos, el ejercicio de intentar extrapolar esta realidad a cualquier ámbito de la vida, es mejor estar sentado, para evitar visitas imprevistas al hospital. Obviamente son muchos los males que aquejan a nuestra universidad. Pero si tanto se defiende la innovación, hay que defenderla de verdad.

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