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Andrés Seoane Fuente

La universidad, la competencia y la lealtad

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La semana ha comenzado con las declaraciones de cierto político que critica la proliferación de universidades privadas en Castilla y León por hacer “competencia desleal a la universidad pública”. Otra de sus críticas es que las instituciones privadas conciben la educación y el conocimiento como “negocio y no como un derecho”. Y terminaba asegurando que esa competencia en desigualdad de condiciones se hacía frente a una universidad pública que “tiene unos estándares de calidad y cumple una función social esencial”.

 

Yendo punto por punto, primero no se sostiene de ninguna manera que exista competencia desleal entre un negocio (en el caso que nos atañe, la universidad) cuya supervivencia depende en exclusiva de una gestión eficaz, de unos fondos propios y del desarrollo de una actividad que redunde en un beneficio suficiente como para permanecer a flote, y otro que recibe fondos públicos a destajo sin importar demasiado si es o no rentable, que en algunos casos presenta un déficit que no se quiere calcular (o se calcula pero no se hace público) por el miedo al resultado, y que sigue funcionando a pesar de que el contexto económico haya sido, cuanto menos, famélico.

 

Siguiente. Si los alumnos de las universidades privadas sintieran que son clientes y no estudiantes, es difícil comprender que aquellos que entran a cursar un grado en estas instituciones hayan aumentado un 3,13% según el último dato oficial del Ministerio de Educación, mientras que en las públicas el dato refleja una caída del 2,25%. Cuesta creer que el alumno, cliente o como lo quiera llamar el político en cuestión, pueda ser tan ignorante como para no ver que se trata de un negocio y no de su educación, que es lo que busca.

 

Por último, los citados estándares de calidad son igual o más severos para la universidad privada, dado que al no depender su gestión de la Administración se revisa constantemente y debe cumplir todos los requisitos que garanticen y acrediten que se imparte una formación de calidad, adaptada al mapa de titulaciones establecido y en base a unos criterios de calidad que ineludibles. Y esa función social de la que habla nuestro estimado protagonista, no sólo también la cumple la universidad privada, sino que, ahora, es incluso más importante que en el caso de la educación pública presencial, dado que se adapta a la situación laboral de muchos trabajadores, a los que su actividad su profesional les exige un continuo reciclaje de conocimientos y competencias, sin dejarles el tiempo obligatoriamente necesario para acudir a clase en un lugar concreto y a una hora fija.

 

Para cerrar, no es una cuestión de impulsar la universidad privada en lugar de la pública. Se trata de permitir que las reglas sean iguales para todas las instituciones que participan del concierto educativo, sin poner obstáculos a aquellas que aportan recursos económicos a las arcas públicas, de modo que las públicas puedan continuar desarrollando su actividad. Pero supongo que es mucho más fácil pedir una renta básica en lugar de trabajar y generar beneficios para pagar impuestos, que tratar con más claridad tres conceptos tan importantes como la universidad, la competencia y la lealtad.

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