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Con la verdad por delante

Gabriel De la Mora
Blog de Gabriel de la Mora en Tribuna de Salamanca.

Una nueva transición para reinventar España

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El 15M abrió la esperanza a un nuevo sistema político y el 1O ha recordado que nada se puede cambiar en España sin repensar la cuestión territorial.

En mayo de 2011 se produjo el inicio de un ciclo de revueltas sociales, las primeras en nuestro país en el siglo XXI en la era de la comunicación digital, con mucha acción política no convencional y cargadas de simbolismo, buen humor y ciertas dosis de desobediencia civil, y una clara finalidad: una nueva transición constitucional hacia una democracia más transparente y participativa, en la que se garanticen los derechos humanos de forma efectiva.

La legitimidad del sistema hizo aguas y se expresó en lemas: “no nos representan”, “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, “nuestros sueños no caben en vuestras urnas”, “lo llaman democracia y no lo es” o “sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo”.

En muy pocos años el sistema ha asimilado las nuevas demandas ciudadanas, y conceptos como transparencia y participación han sido incorporados por todas las organizaciones del sistema socio-político en sus discursos. Las elecciones municipales de 2015 supusieron la primera ola de institucionalización efectiva. El bipartidismo imperfecto que había gobernado desde 1978 cayó en las grandes ciudades y los territorios más avanzados del país.

Las grandes ciudades ya se encuentran gobernadas por nuevas agrupaciones municipalistas, como “Barcelona en Comú”, con una activista antidesahucios a la cabeza, logrando la confluencia de todas las fuerzas progresistas; o “Ahora Madrid”, con una ex-jueza que bien podría considerarse en el argot como una “yayaflauta”. Un grupo de politólogos activistas, un año antes, aprovechó las elecciones europeas y logró ilusionar con la política institucional y “el asalto a los cielos”, a una parte ciertamente considerable de la población, que luego se acordó de votar también en las municipales. Todo ello se ha convenido en llamar “las fuerzas del cambio”.

Estas nuevas fuerzas políticas siempre han tenido en su horizonte las demandas provenientes de la calle, allende 2011. Aquella revolución ciudadana, pacífica y no violenta, simbólica e inmaterial, pero de largo alcance, orientado a una reforma profunda del sistema democrático representativo, con pleno conocimiento que la soberanía política de los pueblos se encuentra sometida a las decisiones empresariales de los grandes holdings económico-financieros, quienes deciden por los representantes políticos, y éstos por los ciudadanos.

Frente a dicha realidad se debe contraponer una nueva democracia, una democracia real, más participativa y que ponga coto a los intereses económicos de las minorías privilegiadas, poniendo en primer lugar la voluntad popular de las mayorías, expresadas en ciertas demandas sociales, amparadas bajo ciertos derechos individuales y colectivos. El derecho a una vivienda digna, por ejemplo, no debería supeditarse a los intereses de constructoras y entidades financieras, como estamos viendo en la actualidad.

Sin embargo, la institucionalización a nivel macro todavía se encuentra encallada en la coyuntura política del país y la realidad de las democracias representativas. La menor división de la derecha política, la ruptura interna del PSOE y el reparto de escaños del sistema electoral entre distintos partidos, aunque reduce la corrupción y facilita el control político, ha derivado en una transición comandada por un gobierno corrupto y autoritario, incapaz de dar solución a los problemas políticos, sociales y económicos de un sistema institucional en el que los gobiernos controlan el presupuesto. Ciudadanos, una herramienta del poder para evitar el cambio ha funcionado perfectamente, aliándose con los viejos partidos, precisamente en los lugares con más corrupción del país, como Madrid (PP) o Andalucía (PSOE).

Las viejas inercias de funcionamiento siguen reproduciéndose, y el PP también ha vuelto a ser capaz de pactar con el PNV su presupuesto, a cambio de las prebendas territoriales para el País Vasco. El mismo funcionamiento desde el 78.

En estas estamos... cuándo aparece el 1O. Un nuevo punto de inflexión. La apertura de la cuestión territorial. La compleja, interminable y siempre aplazada reforma territorial del poder político. Una vez roto el bipartidismo imperfecto del 78 que había dominado la representación política del país, no parece que pudiera tardar en desencadenarse el “problema territorial”.

Este problema, de carácter identitario, pero sobre todo económico y social, tiene que ver mucho con el reparto de poder en el sistema del 78. La “minoría catalana” ha venido ejerciendo de bisagra entre los dos grandes partidos, obteniendo pingües beneficios, tanto para sus elites, como para la inversión y el desarrollo de políticas en Cataluña.

Sin entrar en las distintas razones que desembocan en el 1O, como el fallido Estatut de 2006, que el deslegitimado Tribunal Constitucional se cepilló en 2010, el populismo xenófobo de derechas del “Espanya ens roba” o las nuevas demandas democráticas del 15M, que tienen mucho que ver con el derecho a decidir, lo cierto es que según predicen buena parte de las analistas políticas, nos encontramos en un punto de inflexión, de no retorno.

La “reforma constitucional” se encuentra encima de la mesa, el problema es que se quede en un pacto de la gran coalición y excluya a las fuerzas del cambio y las nacionalistas. Ha sido la desobediencia civil e institucional quien la ha impulsado. Y ya no será una reforma para que la corona la pueda ocupar una mujer. Ahora ya debe tratar, también y sobre todo, sobre la cuestión más importante y compleja de nuestro sistema político:el reparto de poder entre los pueblos y elites del Estado español del siglo XXI.

PODEMOS ha sido el primer gran partido estatal al uso de Madrid, cabeza de Castilla, esto es, jacobino y centralista, que ha aceptado la realidad: la plurinacionalidad de España y, en democracia, el derecho a decidirlo todo, incluido el ámbito territorial de soberanía y representación política. El PSOE ha tenido que cambiar sobre la marcha, volviendo a recoger en su programa la plurinacionalidad del Estado, y la reforma constitucional, hacia un Estado federal, donde puedan caber varias naciones/nacionalidades con constituciones propias, al menos Euskadi, Cataluña y Galicia (Andalucía está por ver), y varias regiones, con estatutos de autonomía diferenciados. Un Estado federal, asimétrico y complejo, pero adaptado a la diversidad de un país cuyo desarrollo en los últimos 40 años ha vuelto a ser desigual en lo económico, en lo social y en lo político.

El PP está por ver hasta donde podrá llegar. Mariano Rajoy ha ofrecido hablar de mayor cesión de competencias, entiendo que sin entrar en la plurinacionalidad. Pero la verdad es que ya quedan pocas competencias que ceder y la reforma federal parece ya insoslayable. A la Generalitat, en realidad, solo le queda la Agencia Tributaria y como quien dice controlar las fronteras. No obstante, es evidente que las CCAA deben de poder gestionar sus propios tributos, haciéndose más responsables en el uso del gasto público, suprimiendo la actual distorsión, por la cual el Estado ingresa y las CCAA gastan.

Los antecedentes importan y mucho. El Pacto Fiscal de CiU generaba una menor redistribución desde los vecinos/as de Cataluña hacia los vecinos/as de otros lugares del país. Inadmisible para la izquierda, pero cierto es que de manera más injusta se encuentran Navarra y País Vasco dentro del Estado español, quienes negocian bilateralmente de forma periódica y sin que eso desemboque en un mar de banderitas por parte de los nacionalistas españolistas. Las elites de Navarra ganaron las guerras en el pasado y en País Vasco se ha mantenido una resistencia armada casi hasta la fecha, que ahora envidia al “processismo”.

Si el PP cede, y algo tendrá que ceder, es posible que la derecha acabe dividiéndose y una nueva fuerza centralista y menos corrupta ascienda. Será Ciudadanos o una nueva extrema derecha, quien lo sabe, pero el PP perderá apoyos. Responsable de la corrupción y de las crisis, el envite del independentismo y la presión por la derecha nacionalista españolista puede acabar con el PP. Ya se barrunta.

En este nueva fase, destituyente-constituyente, hemos de tener claras nuestras ilusiones y aspiraciones. La mía es una república federal española y confederal ibérica. Una España con una nueva simbología patria, con regiones autónomas, mayor autonomía municipal, la posibilidad de naciones soberanas y confederada con Portugal. Un Estado complejo, pero con menos administraciones, más simples y menos controladoras de las personas, en las cuales se garanticen de forma efectiva los derechos humanos... y que nos dejen en paz.

En este marco, la problemática cuestión catalana sólo puede resolverse, más democracia y más derechos, desde el reconocimiento de la voluntad popular de la inmensa mayoría de la sociedad catalana, expresada en el derecho a decidir su futuro, mediante un referéndum pactado con el Estado, en el marco del Derecho internacional y conforme las soluciones del constitucionalismo más avanzado, asegurando el mantenimiento de los mecanismos de solidaridad y redistribución de la riqueza, sin importar el lugar de nacimiento o residencia, dentro del actual Estado español.

La reforma política territorial deberá redefinir el término nacionalidades por naciones, pero también debe amparar la supresión de las Diputaciones en los territorios que así lo estimen, además de ampliar los mecanismos de consultas populares y los procesos participativos, rompiendo el exclusivismo de los partidos para representar a los ciudadanos en las instituciones, mejorando la capacidad política y económica de los municipios, especialmente los más grandes.

El municipalismo, que ahora tiene representación en el Congreso a través de Barcelona en Comú, debe salir reforzado, ampliando competencias, siendo éste el nivel con mayores garantías de democracia participativa, ampliando la autonomía administrativa actual, caminando hacia una mayor autonomía política y financiera, reservando más recursos, tal como se viene pidiendo desde hace años; al menos la tercera parte de los ingresos fiscales generales.

En definitiva, es necesario innovar nuevamente con la cuestión territorial, conjugar los intereses de las naciones históricas de singularizarse, las aspiraciones igualitarias de las nuevas comunidades autónomas del 78, y las recurrentes necesidades del municipalismo como referente de una democracia real, transparente y participativa. Y eso debe cuadrarse estableciendo mecanismos redistributivos entre personas según su renta, sin importar el lugar de nacimiento o residencia, dentro del Estado.

Por otro lado, el medio rural tampoco puede quedar desamparado ni controlado por la oligarquía partidaria de PP-PSOE como en la actualidad, estableciendo mecanismos de incidencia institucional en favor de las zonas despobladas y del interior, que gestionan la mayor parte del territorio, orientado ya en buena parte al turismo, la agricultura y la conservación del medio ambiente, una cuestión que no sabe fronteras políticas.

Y la institución candidata para poner en el papel este nuevo reparto de poderes es el Senado, la institución más inútil del 78. La composición y competencias resultantes del proceso de negociación deberán atender a estos diversos intereses territoriales. La España del S.XXI tiene el deber de reinventarse, el 1O quizá haya abierto la gran oportunidad, que el 15M sólo empezó a vislumbrar, “vamos despacio, porque vamos lejos”.

Comentarios

Jose 31/10/2017 16:16 #2
El "imperio" en sus últimos coletazos hará daño, mas es solo cuestion de tiempo. Si se puede! Gracias Gabi! :)
Fernando 30/10/2017 19:51 #1
Buen artículo pero creo que de cara a un modelo territorial federal, no puede servir el actual modelo de 17 Comunidades Autónomas heredado del constitucionalismo postfranquista. Habrá que definir el carácter plurinacional y contemplar el carácter nacional que pueden tener otros territorios como Castilla, ahora repartida en varias Comunidades Autónomas que ha visto diluida su verdadera personalidad como sujeto político.

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