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Con la verdad por delante

Gabriel De la Mora
Blog de Gabriel de la Mora en Tribuna de Salamanca.

Una ley de participación y reforma constitucional de las imposiciones del 78

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Una nueva norma de participación ciudadana y reforma constitucional, fruto de un amplio consenso social y político, podría tener la suficiente legitimidad popular para operar los cambios necesarios en el sistema constitucional, dando voz al pueblo para acabar con las imposiciones del 78.

Las imposiciones de la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 se considera por los expertos como una constitución “rígida” o difícil de reformar en determinados aspectos. En nuestra historia la brevedad de los períodos constitucionales pareció recomendar la inclusión de mecanismos que dificultaran las reformas, con el fin de dotar de mayor estabilidad y preservar aquellos elementos que de mejor manera preservaran la esencia y fundamentos del régimen democrático constitucional.

Sin embargo, los aspectos dificultosos de reforma deberían ser, de forma exclusiva, los derechos fundamentales reconocidos, es decir, aquella gama de derechos que el Estado debería garantizar directamente, facilitando el acceso a los juzgados de forma rápida. Y en realidad, así sucede con los derechos individuales o libertades civiles, y algunos otros, que se pueden encontrar del art. 14 al 29 del actual texto constitucional. En este sentido, son muchas las personas, organizaciones sociales y políticas, incluido yo mismo, los que venimos solicitando la inclusión como derechos fundamentales el derecho a la salud o la vivienda, pero esa es otra historia.

Reformar estos derechos de la Constitución ya reconocidos como fundamentales, requeriría la aplicación del procedimiento agravado del art. 168 de la propia CE del 78, esto es: la aprobación inicial de 2/3 de cada Cámara, disolución de las mismas, nuevas elecciones y nueva votación de 2/3 partes, seguida de referéndum popular. Este casi imposible significa, en realidad, poner en manos de una pequeña minoría (1/3 de cada cámara representativa), la decisión sobre la reforma de estas cuestiones. Y no parece mala idea, pues estamos hablando de derechos humanos, que no deberían estar sometidos al principio de la mayoría (recuérdese la Alemania nazi).

Sin embargo, existen otro par de asuntos que los padres constituyentes (y digo padres porque no había ninguna mujer) incluyeron dentro de este apartado, en el que una minoría de la ciudadanía podría bloquear y vetar cualquier reforma: la III República y la independencia de Catalunya. Estas fueron las imposiciones de la Constitución de 1978.

Sí, resulta que el art. 168 dice que el título preliminar también requiere del procedimiento agravado de reforma. Y en ese título se encuentra la definición del Estado como una “Monarquía parlamentaria” y la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Aunque si bien se “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”, lo que es evidentemente un eufemismo del término “nación”.

Por tanto, podemos decir claramente que la Monarquía, y la aparente imposibilidad de un Estado federal o confederal son, en realidad, imposiciones aceptadas por la mayoría parlamentaria constituyente de 1978, por miedo al ejército y minorías revoltosas de las derechas, que pudieran provocar un golpe militar y una revuelta violenta.

Sin embargo, estas dos realidades no se sostienen hoy día, aunque el PP pretenda encender la mecha con su patrioterismo canalla. El ejército español es hoy presuntamente respetuoso con las decisiones democráticas y no parece que las derechas populares pudieran tener suficiente belicosidad como para provocar un conflicto violento.

La realidad es que las diferencias entre un Estado republicano o monárquico y un Estado federal o autonómico, entrando en detalles, de hecho podrían ser puramente cosméticas. Un Estado “republicano” donde se eligiera al Jefe del Estado de forma democrática por votación popular periódica (cada 4, 8 o 10 años) no supondría una gran diferencia en la vida cotidiana de las gentes, e incluso en las circunstancias actuales, cabría que el actual Rey Felipe VI se presentara... y ganara.

En cuanto al Estado federal, podría incluso estar más centralizado que el actual Estado autonómico, recabando el gobierno central las competencias en la financiación y contenidos de la educación primaria, por ejemplo. Así pues, nos encontramos con una cuestión más emocional e identitaria que, racionalmente, con cualquier otra cosa, por lo que a partir de aquí, todo lo que diga es pura teoría, teoría constituyente, ampliamente discutida por la doctrina y que requeriría mucho de lucha social.

Una propuesta de ley de participación ciudadana, quizá un poco inconstitucional

Puesto que el artículo 168 de la CE78 impide resolver el entuerto de las imposiciones de aquella minoría armada hoy inexistente, una de las posibilidades en discusión sería reformar dicho artículo haciendo valer el principio de la mayoría, amparada por una gran movilización social, frente a la oposición manifiesta del Tribunal Constitucional, al modo We the People.

Mi propuesta sería proponer la reforma de dicho artículo y promover reinterpretaciones de la constitución en favor de más mecanismos de democracia directa, mediante una nueva ley transformadora ampliamente legitimada democráticamente, promovida por la ciudadanía y amparada por un gobierno que la sometiera, nuevamente a consulta popular.

Para ello, lo primero que tendrían que hacer el 80% de catalanes favorables al derecho a decidir sería ayudar a echar de la Moncloa al PP. En realidad, podría ser suficiente con desterrar a los restos de la antigua Convergencia y colocar un nuevo gobierno legítimo en la Generalitat, plural, sin mancha de corrupción, progresista y con el mandato claro de mejorar la justicia social y la democracia, incluyendo el derecho a decidir.

El siguiente paso sería intentar reunir los deseos mayoritarios de la sociedad catalana (y del resto de naciones históricas) con los deseos mayoritarios del resto de la sociedad española. Esta operación podría ser viable si el derecho a decidir se enmarcase dentro de una ampliación del derecho a la participación política, recogido en el art. 23 de la CE78, pactando esa especial ley de consultas y participación ciudadana, que abordara específicamente una interpretación flexible de la modificación del art. 168 de la CE78 y, que incluyera consultas especiales no vinculantes sobre determinados asuntos clave, así como el desarrollo de nuevos mecanismos de participación ciudadana de forma amplia, además de flexibilizar la aplicación de los existentes, como la rebaja de las firmas necesarias para las ILPs y otras reformas.

Cuestiones estructurales del sistema político como la separación de territorios bajo ciertas condiciones, análogas a las existentes en Quebec (plazos, quorum, porcentajes mínimos, etc.), la consulta sobre la monarquía o el desarrollo de otras formas de participación directa por parte de la ciudadanía, como las propuestas de democracia líquida, con la delegación del voto parlamentario en los ciudadanos, a través del voto electrónico; y, a nivel local, el refuerzo de los mecanismos de democracia participativa local, para decidir sobre las cuestiones de andar por casa, como la gestión de las basuras, el agua, o el montante destinado a las obras públicas, a través del presupuesto participativo.

Esta ley podría ser votada en las Cortes y posteriormente refrendada por las urnas, mediante consulta convocada legalmente por el gobierno, un nuevo gobierno. De hecho, idealmente no debería ser una ley, si no una iniciativa legislativa popular. De este modo, y tras este proceso de legitimación popular, lo más probable es que dicha ley fuera revisada por el Tribunal Constitucional, por iniciativa del PP y de Cs, quienes la reputarían como inconstitucional.

Si eso se produjera, y la presión democrática aumentara, podría llegar a producirse posteriormente la reinterpretación adecuada de la Constitución, al menos en aquellos asuntos más sencillos, como por ejemplo la identificación del término nacionalidad empleado en 1978 por el de nación, recogiendo el derecho a decidir, en nombre de todos los pueblos de España.

 

La ampliacion de la participación ciudadana es una propuesta de gran consenso y clave en la lucha contra la corrupción política

La realidad es que las encuestas que se vienen realizando desde hace años, recogen que hasta dos terceras partes de la sociedad española se mostrarían a favor de cambios significativos y estructurales del sistema político, orientados a una mayor participación ciudadana, una de las propuestas con mayor consenso en las masivas protestas ciudadanas de 2011.

Tanto, que los procesos electorales de 2011 y 2015 pretendieron recoger esta demanda y por eso, entre otras razones, Ada Colau es alcaldesa de Barcelona y Manuela Carmena del Ayuntamiento de Madrid. Todos los partidos políticos, desde IU hasta VOX, pasando por Cs y el PSOE, proclamaban la necesidad de mejorar la transparencia y la participación ciudadana. Y en su versión nacionalista, el derecho a decidir, también sobre la independencia.

Una de las razones de este consenso, es que el sistema político español tiene bloqueados de forma deliberada los mecanismos de democracia directa, en favor de la representación a través de partidos políticos, corruptos hasta la médula y con grandes carencias, siendo cauce cuasi exclusivo de participación política en la actualidad, uno de los verdaderos problemas de la democracia española.

Y es que es absolutamente vergonzante, por ejemplo, que en España hagan falta 500.000 firmas para proponer una ley al Congreso que, una vez incluida en el orden del día, queda totalmente al albur de la mayoría parlamentaria, quien puede modificarla hasta hacerla desparecer, como pasó con la ILP de la PAH por el derecho a una vivienda digna.

Finalmente, esta mejora de la democracia participativa supondría además un revulsivo contra la corrupción, por el mero hecho de reducir las cuotas de poder de los partidos políticos, pero también al mejorar ampliamente la transparencia política, pues al ampliar el derecho a la participación, de ipso facto se estaría también recolocando el derecho de acceso a la información a niveles superiores de los actuales, ampliando enormemente la transparencia poniendo mayores trabas a la corrupción política, basada en la opacidad y el descontrol de la gestión pública.

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