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Con la verdad por delante

Gabriel De la Mora
Blog de Gabriel de la Mora en Tribuna de Salamanca.

Okupación y derecho a la vivienda

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Recuperar las viviendas propiedad de entidades financieras por las familias con orden desahucio sobre las mismas, o los edificios símbolo de la especulación urbanística, no son ocupaciones ilegítimas, sino acciones justificadas de desobediencia civil en un contexto generalizado de corrupción y emergencia social.

Sorprende la frecuente manipulación que nos encontramos en algunas tribunas hacia determinadas personas que legitimamos en numerosas ocasiones determinadas ocupaciones de viviendas y edificios. Se nos tacha de delincuentes y atentar precisamente contra el derecho de las familias a disponer de su propiedad. Sin embargo, a todos luces parece evidente que no se puede mezclar la existencia de auténticas mafias y delincuentes habituales que se aprovechan de la legislación y los fallos del sistema legal, para dolor de familias y propietarios legítimos, con las múltiples ocupaciones individuales y colectivas que se han venido produciendo en los últimos años a instancias de movimientos sociales como la PAH y otros.

 

En especial, en el contexto de un estado generalizado de corrupción y emergencia habitacional generado de forma artificial y deliberada por los bancos y el gobierno, y que a estas alturas ya no merece volver a explicar, no obstante, fue objeto de diversos artículos en esta misma tribuna (aquí y aquí), en los que además se exponían verdaderas soluciones políticas.

 

No obstante, sí me parece preciso recordar en qué consistían las acciones promovidas desde los movimientos sociales y apoyadas por personas que actualmente ejercemos cargos públicos.

 

Las “recuperaciones” de la PAH

 

La Plataforma de Afectadas por las Hipotecas hace ya varios años que puso en marcha la conocida como “Obra Social de la PAH”, consistente en ocupaciones y recuperación de viviendas vacías de bancos, cuya principal reclamación ha sido el alquiler social para las familias, en función de su renta. La Obra Social entroncaba de forma natural con la trayectoria de la PAH: defensa de la población cuando se le amputan sus derechos, desobediencia para recuperarlos y así forzar soluciones.

 

El movimiento incluso elaboró un manual que publicó en su web, precisamente para determinar claramente los principios y metodologías a utilizar, en el cual se establecían dos modalidades. La primera de ellas se correspondía con la recuperación individual de la vivienda en la que se ejecutaba el desahucio, mostrando la actitud antisocial de las entidades financieras, que echaban a la gente de su vivienda para posteriormente mantenerla desocupada. El realojo de las familias en la vivienda de la que ha sido desahuciada y por la que mantiene una deuda es, por lo tanto, una opción lógica y natural. Tiene sentido impulsarla todavía hoy y de forma sistemática mientras no se adopten medidas integrales. Permite la reapertura de negociaciones con el banco una vez cerrado el proceso judicial contra la familia, con el objetivo de lograr un acuerdo de alquiler social.

 

Por otro lado se encuentran las recuperaciones colectivas, ante la negativa de los bancos a asumir responsabilidades y la pasividad de un gobierno que los rescató sin contraprestaciones (como la cesión de un parque de viviendas, por ejemplo), estas acciones trataban de recuperar bloques enteros de viviendas vacías de las manos de las entidades bancarias.

 

Esta opción ha posibilitado realojos cuando la opción individual era inviable o para aquellas familias que entregaron su vivienda como pago de la deuda y se vieron en la calle de forma repentina y sin recursos. Además, evidenciaba la acumulación de viviendas vacías en desuso por parte de los bancos y posteriormente la SAREB, y la necesidad de activar soluciones que garantizaran el derecho a la vivienda.

 

Las “ocupaciones” de denuncia

 

Otros de los formatos de ocupación habitual ha sido el modelo de centro social de barrio, que suele perseguir una doble finalidad: denunciar la corrupción urbanística y la falta de espacios comunitarios sin tutela, a través de la acción directa construyendo barrio mediante la autogestión de edificios recuperados de la especulación urbanística. El caso más reciente es “La Ingobernable” de Madrid, ocupación sobre la que ha dado buena cuenta Gumersindo Lafuente en un magnífico artículo, en el que razona que “lo verdaderamente preocupante es que la concesión al arquitecto Emilio Ambasz, tan dudosa, tan arbitraria y tan lejana a los intereses de la ciudad, siga en vigor”, aludiendo a las razones de legitimación de la ocupación.

 

Estas han sido, principalmente, las ocupaciones amparadas por los movimientos sociales y políticos. Es cierto que me dejo en el tintero muchas otras ocupaciones y “okupaciones”, como las provenientes de los movimientos libertarios que, en el caso de Grecia, están sirviendo de verdaderos centros de acogimiento de personas refugiadas, en un contexto de desmantelamiento del Estado; y muchas otras experiencias de auténtica autogestión, cuya finalidad es dar alternativas a instituciones estatales y servir de núcleos de contrapoder comunitario, pero esa es otra historia.

 

En todo caso, debe recordarse que la desobediencia civil es una opción legítima de acción política, quizá la más poderosa herramienta en manos de las personas ante las injusticias. Finalmente, una cosa es escribir en un periódico y otra la realidad social. Aquella que nos tocó sentir de cerca a un grupo de personas por noviembre de 2012, pocas semanas antes de constituir la PAH de Ávila, cuando contactamos contactamos con una familia con orden de lanzamiento próxima. Siempre recordaremos las palabras del padre y en especial su convencimiento de estar haciendo lo correcto: “Tiraré la puerta abajo de mi casa para entrar las veces que haga falta, pero mis hijas no pasarán frío”. Cada cual que juzgue qué haría en su lugar.

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