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Con la verdad por delante

Gabriel De la Mora
Blog de Gabriel de la Mora en Tribuna de Salamanca.

Municipalismo y políticas por la inmigración

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Los municipios deben de suprimir trabas administrativas injustas a la inmigración, cumplir escrupulosamente con la legalidad vigente e implicarse para impedir las expulsiones por mera irregularidad administrativa sobrevenida.

Aunque el Estado y las CCAA son las instituciones responsables fundamentales de las políticas migratorias, son numerosas las políticas activas que los municipios pueden emprender en favor de la inmigración.

Entre las posibles iniciativas se encuentran las destinadas a evitar la irregularidad de las personas extranjeras, evitando las expulsiones y las alarmantes situaciones de extrema vulnerabilidad social que facilitan que dichas personas puedan caer en las mafias de la prostitución, el narcotráfico y otras redes criminales. En algunos casos sólo se trata de cumplir la ley de forma escrupulosa.

 

El acceso al empadronamiento

La política más activa en este sentido, más sencilla de realizar, y ejemplo más evidente de incumplimiento de la legalidad vigente por parte de numerosos ayuntamientos, es el alta en el padrón municipal. El primer trámite al que se enfrentan cualquier persona que llegue a nuestra ciudad y requisito imprescindible para poder fijar o mantener la residencia de forma legal. Se trata de un derecho, pero también de un deber de todas las personas que se encuentran residiendo de forma efectiva en cualquier municipio, independientemente de su situación administrativa.

Sin embargo, son muy frecuentes los ayuntamientos que dificultan de forma irregular que las personas extranjeras se empadronen, por lo general informando de forma irregular y solicitando documentación extra de forma obligatoria. Algunos alcaldes del PP incluso han llegado a pedir que se presenten contratos de trabajo, impidiendo el empadronamiento de personas en desempleo.

El Ayuntamiento de Salamanca, por ejemplo, y como otros muchos en nuestra región, hasta hace unos meses solicitaba a quien no contara con un contrato de arrendamiento, autorización del propietario de la vivienda, traspasando así el derecho a empadronarse de los residentes a los propietarios de las viviendas, como si estuviéramos todavía en el siglo XIX. Tiempo atrás incluso se llegaba a informar en los folletos municipales de la necesidad de presentar permiso de residencia.

Un verdadero dislate que Ganemos Salamanca denunciamos a los pocos meses de llegar al Ayuntamiento, tras revisar cientos de expedientes y entrevistarnos con personas afectadas y responsables de organizaciones sociales. El resto de grupos municipales no se interesaron ni lo más mínimo por el asunto, incluso tachando de falta de realidad y objetividad a nuestra denuncia, hasta que meses después logramos forzar el cambio de la situación al denunciar el problema al Procurador del Común, quien sí que reconoció la existencia de irregularidades en la gestión del padrón.

Las instrucciones dadas a los funcionarios estaban causando auténticos problemas a muchas personas de nuestra ciudad en situación vulnerable y que con frecuencia se encuentran en habitaciones subarrendadas sin conocimiento del propietario de las viviendas; situación muy frecuente entre los estudiantes, pero también entre las personas extranjeras, quienes como primer paso para obtener la residencia legal, requieren acreditar su residencia efectiva, cuyo instrumento idóneo es el certificado de empadronamiento.

 

Los registros municipales de parejas de hecho

Otra actuación municipal interesante es la creación de registros de uniones de hecho, que dan publicidad registral a las familias y parejas entre personas nacionales y extranjeras, facilitando la adquisición de la residencia legal de las segundas, por razón del vínculo familiar. De este modo, en las CCAA en las que se mantiene el bloqueo en la inscripción a los “sin papeles”, los ayuntamientos pueden evitar esta discriminación creando registros municipales, desbloqueando así la situación en favor de los residentes en su municipio.

Esa fue la razón principal por la cual los tres grupos de la oposición, con mayoría en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, impulsamos la creación de un nuevo registro de uniones hecho, y a iniciativa de Ganemos Salamanca. En el proceso no está demás recordar como el PP demostró una vez más su perversa consideración hacia la inmigración, al criminalizarla e intentar que se convirtiera en un registro específico de inmigrantes irregulares, con libre acceso al registro por parte de la policía, cosa que impedimos el resto de grupos municipales.

 

La tarjeta de vecindad

La iniciativa municipalista más novedosa en favor del asentamiento de población extranjera es la tarjeta de vecindad, un documento que acredita al menos la residencia de los vecinos durante cierto período de tiempo, a la vez que recoge los vínculos familiares, el conocimiento del entorno y la lengua o el estatus jurídico de los migrantes de la ciudad. Este instrumento, que ha generado cierta polémica entre algunas asociaciones y movimientos sociales, puede servir como prueba para que se reconozca la situación de arraigo de los migrantes. Así, en caso de detención de una persona en situación irregular, los ayuntamientos impulsores, como Madrid y Barcelona, esperan evitar que no se decrete el internamiento en los CIE, en virtud del arraigo, y evitar también la expulsión de dichas ciudades.

 

En definitiva, una verdadera implicación municipal

La tarjeta de vecindad es una iniciativa recientemente presentada por el Ayuntamiento de Barcelona, pero realizada en el marco de las diversas iniciativas desarrolladas como el impulso a las cooperativas de vendedores ambulantes, los planes de empleo para las personas migrantes, y una mayor implicación municipal en las situaciones de irregularidad sobrevenida. No obstante, la problemática de los manteros sigue siendo una asignatura pendiente en dicha ciudad, que ha cosechado notables reprimendas por parte de los movimientos sociales y el propio sindicato de manteros, en los últimos años.

Y es que en general, la realidad es que un gobierno municipal concienciado con la problemática de las personas migrantes en situación irregular puede realizar una gran labor en beneficio de las mismas, simplemente es una cuestión de compromiso e implicación por los derechos humanos, pura voluntad política y que no requiere de grandes recursos públicos.

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