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Con la verdad por delante

Gabriel De la Mora
Blog de Gabriel de la Mora en Tribuna de Salamanca.

La acogida e integración de las personas migrantes

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La acogida de las personas refugiadas y migrantes no sólo es una realidad de justicia, sino también una necesidad para nuestra provincia y que debe ir acompañada de un fortalecimiento de las políticas de integración de la población migrante.

La mayor parte de las personas inmigrantes tienen interés en volver a sus países de origen, más si cabe si son personas refugiadas que huyen a la fuerza. No obstante, la situación permanente de violencia y caos en los países de origen, sin visos de solución a corto plazo, junto con la obligación del acogimiento de al menos 17.000 personas por parte del estado español, hacen que la acogida de las personas refugiadas sea no sólo un requerimiento de justicia y solidaridad, una necesidad política y una obligación legal, sino incluso una realidad muy deseable para las zonas despobladas.

 

El supuesto impacto negativo de la inmigración es rotundamente falso y ha sido estudiado y acreditado en numerosas ocasiones. No obstante, si hay una población inmigrante cuyo impacto económico positivo no genera duda alguna es el de las personas refugiadas. El acogimiento de estas familias supone recibir generosas prestaciones económicas europeas y estatales, por lo que representa una de las posibilidades actuales más interesantes para lograr el asentamiento en nuestra región de nuevas poblaciones.

 

Tanto es así, que en nuestra provincia son varios los municipios que han declarado formalmente su interés en este acogimiento, llegando incluso a ofrecer alojamiento y trabajo a las familias, no sólo por razones de justicia y solidaridad ante quienes sufren los horrores de las guerras y la persecución, sino también por la necesidad de asentar nueva población, aunque sea temporalmente, que evite el cierre de las escuelas y la definitiva la defunción del pueblo, por envejecimiento y progresiva muerte de sus habitantes. Literalmente.

 

Esta situación requiere, en todo caso, el favorecimiento de la integración de la población refugiada e inmigrante en general, evitando problemas de convivencia ciudadana con la población autóctona. Las dificultades son numerosas y sin duda, uno de los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades occidentales modernas, en especial en este momento en que la xenofobia y una particular islamofobia han crecido espectacularmente, representando el caldo de cultivo necesario para el auge del neofascismo.

 

Políticas municipales de integración

En el desarrollo de las políticas de integración, los ayuntamientos son las instituciones más adecuadas por su cercanía a la población, y que tienen el deber de evitar la proliferación del racismo y la xenofobia en los vecinos a la vez que facilitar a las personas extranjeras su desarrollo pleno en el municipio.

 

La primera de las líneas de trabajo sería evitar los discursos demagógicos contra los extranjeros, que explotan los miedos, la mala información o los prejuicios de la población, rechazando se plantee la inmigración como un problema, sino como una realidad natural que nuestros padres vivieron en sus propias carnes e incluso como una solución al crecimiento económico, la despoblación, el mantenimiento de los servicios públicos y, desde luego, un hecho generador de diversidad cultural y progreso social.

 

Son necesarias por tanto campañas de información, educación y sensibilización sobre la realidad de las migraciones, recordando cómo nuestros padres y madres tuvieron que huir también de la pobreza y las guerras, apenas hace unas décadas y cómo se sentían en los países de acogida. España siempre fue un país de emigración, y de hecho, esto se traduce en nuestras leyes, que favorecen el mantenimiento de nuestra cultura allende los mares y los tiempos, como bien saben las casas de España, situadas en todas las regiones del mundo.

La segunda y que parecería evidente sería el cumplimiento estricto de la legalidad vigente, cuestión en tela de juicio en la actualidad, incluso en una gran mayoría de municipios. Parece mentira, pero esta es la realidad con la que nos encontramos. Relacionada con la anterior, sería deseable se simplificaran los trámites burocráticos, se suprimieran trabas injustificadas y se unificaran los criterios y requerimientos que se piden a las personas inmigradas en todo lo relacionado con su situación jurídica.

 

Todas las personas deben tratarse por igual, sin discriminación por razón de su nacionalidad, el color de su piel, la forma de hablar o del vestir. Una formación adecuada a los funcionarios/as municipales sería imprescindible, además de fortalecer su independencia, evitando instrucciones dudosas de los responsables políticos.

 

La tercera estaría relacionada con los servicios de acogida e integración, siendo necesaria la creación, mantenimiento y fomento de espacios interculturales y centros cívicos, que deben ser responsables de la sensibilización de la población, el fomento de la interculturalidad y de ofrecer servicios de información, asesoramiento y formación a la población extranjera, una de las primeras necesidades para evitar caer en la irregularidad y la marginalidad. Estos centros deberían ser lugares de encuentro, en los que se organizaran actividades interculturales de todo tipo, fomentando el conocimiento mutuo y la tolerancia entre las distintas culturas.

 

Islamofobia y fomento de la laicidad positiva

 

En esta línea, parece necesaria una activa política religiosa aconfesional y no discriminatoria, que respete plenamente la libertad religiosa de todos, incluyendo el derecho a manifestar públicamente las propias creencias y ejercer en condiciones dignas las prácticas religiosas, tal como ha solicitado en numerosas ocasiones la Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes.

 

Para lo que sería necesario que se facilitara a las diferentes comunidades religiosas la creación o acceso a lugares dignos destinados al culto y la oración, además de favorecer los enterramientos conforme a las creencias propias, y en el propio municipio. Una asignatura pendiente en la mayoría de municipios de nuestro país, obligando a las comunidades a grandes desembolsos pecuniarios para repatriar los cuerpos de los difuntos, al carecer de cementerios adaptados a sus necesidades.

 

Este es un asunto polémico, a izquierdas y derechas, para lo que incluso se vienen utilizando argumentos laicistas, de defensa de los derechos de las mujeres y de respeto a las tradiciones de la mayoría, pero que en numerosas ocasiones suelen esconder una islamofobia evidente, incompatible con nuestros valores y las funciones públicas de las instituciones de velar por el respeto a la libertad religiosa, sin discriminación; la laicidad positiva que reconoce la Constitución, pero que en la práctica no se aplica, más que en beneficio de la Iglesia Católica.

 

En definitiva, creo que es necesario poner en marcha un abanico de medidas y reforzar las existentes en la actualidad, para lograr una adecuada integración que reduzca los conflictos de convivencia y favorezca el desarrollo pleno de las poblaciones, con respeto a la diversidad cultural que hoy puede encontrarse entre los vecinos y vecinas de nuestros municipios.

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