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Con la verdad por delante

Gabriel De la Mora
Blog de Gabriel de la Mora en Tribuna de Salamanca.

Juana quizá no sea Juana, pero es nuestra Juana

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La injusta y terrible situación que viven muchos menores obligados a convivir con maltratadores, reconocidos y no reconocidos, es una realidad indiscutible, pero no debe cegar los ojos a la razón del caso concreto de Juana Rivas, en el que los tribunales han aplicado las leyes con rigor evitando el nacionalismo judicial.

Parece que no es políticamente correcto defender la postura tomada por los distintos juzgados españoles, en relación a las peticiones realizadas por Juana Rivas, pero por honestidad personal y dignidad profesional, es mi deber hacerlo. No me suelo pronunciar sobre este tipo de asuntos particulares, porque casi siempre la información necesaria para emitir un juicio de valor es nula, escasa o está excesivamente manipulada por las partes y los medios de desinformación, pero con este caso voy a hacer una excepción.

En parte es responsable de ello el artículo del reconocido, y reconocible, Enrique Gimbernat, publicado recientemente con el título de “Juana no está en mi casa”, que me hizo recordar los estudios de Derecho internacional privado que tanto me gustaron y justo cuando además se ha conocido la puesta en libertad en EEUU de María José Carrascosa, quien ha pasado 8 años de prisión mientras su hija se ha tenido que criar con sus abuelos (ni con su padre ni con su madre); el llamativo y trágico caso de estudio, comentado ampliamente por los especialistas en sus trabajos.

En el caso de Juana Rivas, la denuncia de malos tratos realizada en España, durante las vacaciones, y justo antes de tener que devolver a los hijos con su padre (vaya...), debe investigarse y juzgarse en Italia, donde se produjeron los supuestos hechos delictivos. Es esta denuncia, junto con una condena previa por maltrato de carácter leve, la que está justificando la legitimidad otorgada popularmente a Juana Rivas, como una presunta víctima de malos tratos y obligada por unas leyes supuestamente injustas a entregar a sus hijos a un señor, que les podría causar unos graves daños (no acreditados), como está sucediendo en muchos otros casos.

No obstante, en este caso todo está aún por demostrar, pues no existe prueba alguna de lo que se denuncia (o al menos nada ha trascendido), por lo que los tribunales españoles han hecho lo que tenían que hacer: intentar tratar a todo el mundo por igual, aplicar las leyes, garantizar los derechos y respetar la aplicación de la norma internacional y del Derecho italiano y sus instituciones, que no son las de aquellos países donde el hombre puede someter a maltrato a la mujer y los menores sin que ésta ni los hijos puedan defenderse con las mismas garantías jurídicas que en España o Italia. Y es que legalmente otro gallo cantaría si acaso la residencia habitual de los menores fuera un país como Arabía Saudí o Afganistán.

La competencia judicial para decidir sobre la custodia y el derecho de visitas, también corresponde a las autoridades italianas y que éstas han determinado ya una supervisión estricta, de forma cautelar, mientras se resuelvan las denuncias y peticiones de custodia de la madre. Pues como recuerda Gimbernat “Allí, en el Estado de Derecho que es Italia, Rivas puede hacer valer todos los derechos que crea que le asisten: puede acusar a su marido de malos tratos, puede instar a que a éste se le prive de la patria potestad o del derecho de visitas, e incluso, aun sin la privación de la patria potestad, que sea ella, con exclusión del marido, la que determine cuál ha de ser el país de residencia de sus hijos.

Casi cualquier jurista llegaría hasta aquí, amén de criticar el linchamiento popular al presunto maltratador y la vulneración de su presunción de inocencia, cuando no existe más prueba que la versión de la madre, con ciertas lagunas que minan su credibilidad; por lo que formalmente el asunto no tendría más recorrido. Sí es bastante dudoso el asesoramiento jurídico a Juana Rivas, a sabiendas de lo que le sucedió a Mª José Carrascosa en su día. Sin embargo, es necesario ir un poco más allá, pues no es raro encontrarse situaciones donde tampoco hay, o había, pruebas suficientes que justifiquen ante el juzgado la retirada del derecho de visitas al padre presunto maltratador, desgraciadamente no reconocido como tal adecuadamente. Esta realidad es una tragedia para la madre y los menores obligados por unos años a “compartir” cierto tiempo con seres abominables y en lamentables condiciones, lo que seguro les marcará para toda la vida, algo propio de la Edad Media, como recordaba Ada Colau.

Y como entiendo que esto sucede, y quizá con cierta frecuencia, es cierto que el caso me genera ciertas dudas, en especial por la insistencia y desobediencia de la madre, a lo mejor es ésta también su estrategia, realmente creo que de apreciable sacrificio, pero poco razonada, y de no resultar ciertas las acusaciones, absolutamente despreciable y delictiva, que además puede causar terribles daños a ella misma y a los menores, precisamente lo que pretende evitar. Si entra en la cárcel no sé cómo va a cuidar de los menores. Solo quedará el indulto y será lo que la pueda salvar, y no me cabe duda que se producirá, pues Juana Rivas se ha convertido en nuestra Juana, lo que viene siendo habitual en estos casos de “conflicto de leyes”.

Sin embargo, creo que el debate público abierto puede resultar bien positivo, con el fin de que se resuelvan mejor estos dramáticos asuntos, atendiendo a los problemas inherentes a las situaciones privadas internacionales. Es imprescindible mejorar los mecanismos de protección del menor ante sospechas de maltrato psíquico o físico hacia la madre y/o los menores, retirando o reduciendo las custodias y los derechos del padre sobre la crianza y la educación, contando con recursos suficientes para investigar, juzgar y proteger, aquí y en otros países, aunque éstos puedan considerarse que puedan amparar judicialmente de forma razonable a los menores y las mujeres.

Es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho, y no es nada sencillo, como bien saben los profesionales del ramo; los profesionales y recursos económicos existentes son escasos y por ahí se debería de empezar, como reclaman las asociaciones de jueces y juezas, además de revisar la legislación en la materia.

En todo caso, y aunque Juana quizá no sea la Juana que quisiéramos, sí es cierto que hay muchas otras “Juanas” que sí se han visto representadas y que deben ser defendidas, a capa y espada. Como tantas otras veces, algunos casos no demasiado claros se pueden convertir en símbolos de una lucha justa y servir para loables fines generales. La vida es una caja de sorpresas.

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