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Con la verdad por delante

Gabriel De la Mora
Blog de Gabriel de la Mora en Tribuna de Salamanca.

155 modos de interpretar a Puigdemont

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Españolistas e independentistas están deseando la aplicación del desconocido art. 155 de la Constitución. Unos para dejar claro quien manda; y otros, para dejar claro, quien manda de forma autoritaria... y ver más legitimado su plan hacia la independencia.

De las leyes

En los primeros días de septiembre el Parlament de Cataluña aprobó dos leyes, inmediatamente suspendidas por el Tribunal Constitucional y por tanto sin efectos jurídicos formales: la ley de referéndum de autodeterminación y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. El Parlament aprobó que “la soberanía de Cataluña reside en el pueblo de Cataluña” y que de él “emanan todos los poderes del Estado”. Aquí es donde comienza la ruptura constitucional y el consiguiente intento de proceso constituyente en Cataluña, con el único apoyo de dos grupos parlamentarios, JxS y las CUP. El resto o se ausentó de la cámara o votó en contra o se abstuvo.

La ley del referéndum ha pretendido legitimar democráticamente el inicio del proceso constituyente, apelando al simbolismo de las urnas y la movilización popular. Sobre las consecuencias del resultado, esta norma establece que “si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente”.

Finalmente, la ley de transitoriedad se entiende porque “una vez proclamada la independencia de Cataluña es imprescindible dar forma jurídica de forma transitoria, a los elementos constitutivos básicos del nuevo estado para que de forma inmediata pueda empezar a funcionar con la máxima eficacia y, al mismo tiempo, hay que regular el tránsito del ordenamiento jurídico vigente al que tiene que ir creando la República”

De los hechos

De este modo, siguiendo la nueva legalidad catalana, parece evidente que no se ha producido la famosa DUI, ni tampoco parece justificada la intervención del Estado central, a través del art. 155 de la CE, que permite al Gobierno, con el consentimiento del Senado, adoptar las medidas necesarias para obligar a una CCAA al cumplimiento forzoso de “las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”. Las condiciones de celebración del referéndum no cumplen ni la ley catalana que lo regula, pues ninguna Sindicatura Electoral ha proclamado resultado que valga, pues las personas nombradas dimitieron de sus puestos, al poco de ser nombradas.

No obstante, Puigdemont, el pasado 10 de octubre y en una sesión ordinaria del Parlament, para hablar “sobre la situación política”, dijo que asumía el mandato del pueblo de Cataluña para convertirse en un estado independiente, presentando los resultados de la consulta. Además, dejó en suspenso los “efectos” de esta intención, que no declaración. A continuación, los diputados/as de JxS y las CUP, en una sala contigua, sí firmaron una declaración de independencia. En resumen: dieron por válido el referéndum y retrasaron el inicio de la puesta en marcha del proceso constituyente, para el cual, según nueva ley catalana, es necesaria la proclamación formal de la independencia y la concreción de sus efectos, por parte del Parlament, y no de un grupo de diputados/as en sus horas libres.

Ambigüedad, sí. Han aprendido del maestro Rajoy que, en un buen lance posterior, no aplicó el art. 155, aunque lo pareciera. Remitió un requerimiento al presidente de la Generalitat (como establece el artículo de marras), pero para que aclarara si había o no declarado la independencia, para así poder tomar las medidas oportunas. Otro sí, pero no.

En la mañana de este lunes, Puigdemont, no ha aclarado apenas nada, pero ha añadido dos cosas más de interés: mantiene la suspensión del “mandato político” por dos meses y emplaza a Rajoy a “una reunión”. Rajoy le ha contestado quejándose de la falta de aclaración y emplazándole a que la reunión se haga en el Congreso dentro de la comisión parlamentaria donde los partidos JxS tienen representación parlamentaria, junto con el resto de fuerzas que representarían, en su conjunto, a la soberanía nacional. En suma, rechazando la bilateralidad. Algo vamos avanzando, pero poco.

De las leyes y los hechos

En primer lugar, entiendo que no hay declaración formal de independencia. Puigdemont lo único que ha dicho es que asume el mandato popular y/o político de avanzar hacia la independencia, postergando la concreción de los efectos de esa predisposición de su gobierno y los diputados/as de JxS y las CUP, a una negociación bilateral entre la Generalitat y el Gobierno central, en los dos próximos meses.

En segundo lugar, que si no hay declaración formal, ni efectos prácticos concretos, no se dan los requisitos necesarios para aplicar el art. 155 de la CE, puesto que no parece que se hayan incumplido obligaciones legales o constitucionales de calado suficiente. Se podría entender que el Govern habría desconocido la suspensión del TC de las dos leyes de desconexión, y que las podría estar aplicando, incumpliendo su obligación de inaplicarlas por mandato del TC. Pero como se puede comprobar no es cierto. El referéndum y los hechos posteriores no se ajustan a dichas leyes y mientras no haya proclamación, tampoco la ley de transitoriedad puede entrar en funcionamiento. Aunque cierto es que en todo buen proceso constituyente ir de la ley a ley, de forma segura y cristalina, es un casi imposible.

No obstante, el art. 155 es un mecanismo constitucional para compeler, coaccionar a una autoridad autonómica a un hacer, o un no hacer. Si el Govern o el Parlament declararan formalmente la independencia, Rajoy podría requerirles para que revoquen la declaración o los efectos anunciados de la misma y, posteriormente, y ante la negativa a hacerlo, proponer determinadas medidas coercitivas al Senado para que, en primer lugar, sea la propia Generalitat quien las cumpla o, en su defecto, que otro las haga cumplir por ella, sin necesariamente suspender ni la autonomía, ni disolver el gobierno autonómico, ni nada por el estilo.

Estas medidas, que pueden ser recurridas ante el TC, deben ser las estrictamente necesarias, adecuadas y proporcionadas. Es decir, las mínimas imprescindibles para lograr el objetivo deseado, esto es, que la autoridad con autonomía política (y no soberana) cumpla sus obligaciones legales y constitucionales. Y convocar elecciones autonómicas anticipadas, por ejemplo, no parece que sea una de ellas.

De las opiniones

En mi opinión, si se tratara de una mera declaración formal, parece más lógico que el órgano que actuara no fuera el Gobierno, si no el Tribunal Constitucional, dejando sin efecto la declaración, revocándola. Y lo mismo podría decirse de todo acuerdo o decisión concretando los efectos, según lo establecido por la ley de transitoriedad.

Además, resulta que hace poco tiempo que se ampliaron las atribuciones de este tribunal político-jurídico, por lo que ahora puede obligar a hacer cumplir sus resoluciones, en lo que a las cuestiones de legalidad se refiere. Así, en mi opinión, se ha dejado al art. 155 con menos margen de actuación que, por otro lado, podría ser inmenso, por la inexistencia de precedentes y su falta de desarrollo legislativo. La reforma aludida, sin embargo, puede generar más apoyo al uso del art. 155 en relación a cuestiones de oportunidad política, siempre más controvertidas, por afectar plenamente a la autonomía política, un principio constitucional que hay que respetar.

El Gobierno y el Senado, a través del art. 155 pueden obligar a hacer o no hacer algo a la Generalitat, entrando en el ámbito de la oportunidad política, disponiendo por ello de muchas opciones y alternativas posibles. En todo caso, la aplicación de esta potestad de control de entes autonómicos, que por definición tienen delegadas sus competencias por la propia Constitución, ya ha sido tergiversada y deslegitimada socialmente de tal modo que, tanto nacionalistas españolistas como independentistas catalanes, parece que están deseando su uso de forma inmediata. Unos para dejar claro quien manda: el Estado central; y otros para dejar claro, también, quien manda de forma autoritaria y, por eso precisamente, legitimar mejor su postura favorable a la independencia.

En todo caso, la situación hace mucho tiempo que es peliculera y berlanguiana. Ver policías arrancando papeletas y urnas de los brazos de votantes y a su vez escuchar lamentos y quejidos del Govern por el uso de la fuerza, resulta cuanto menos una farsa de grandes dimensiones, perfectamente acompañada del cruce de cartas a la gallega, y las poses independentistas en el Parlament.

Sin embargo, aun con tantas dificultades de interpretar a Puigdemont o el art. 155, en realidad sí hay una realidad incontrovertible: la inmensa mayoría del pueblo catalán, de las personas residentes en Cataluña, son favorables al derecho de autodeterminación y por ello de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Y que ante la negativa del búnker PP-PSOE-Cs, una buena parte de la sociedad catalana ha empleado incluso la desobediencia civil, de forma pacífica, generando una respuesta autoritaria y violenta del Estado, que ha generado una ola de solidaridad en Cataluña, en parte de la izquierda española y, de la opinión pública internacional, incluso de quienes eran contrarios a la independencia, haciendo cambiar su percepción de la situación.

Un paso en falso más por parte del PP, como una aplicación desproporcionada del art. 155, y los independentistas ya no sumarán sólo un poco más del 40% de los votos en Cataluña, si no la mayoría social necesaria para legitimar democráticamente la independencia. De igual modo, un paso en falso más por parte de Puigdemont, hacia una independencia sin el consenso necesario, y el crédito interno e internacional ganado lo habrá perdido irremediablemente.

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