UPyD en Castilla y León considera poco prudente la reestructuración sanitaria de la Junta

La formación magenta advierte de la pérdida de derechos de los profesionales y de una posible subida de impuestos. El partido dirige tres preguntas al consejero Sáez Aguado sobre adquisición de material, acceso y homogeneización de la información.

Unión Progreso y Democracia en Castilla y León califica como poco prudente la reestructuración sanitaria que propone la Junta de Castilla y León ya que considera que, "impelida por las prisas, la Consejería de Sanidad ha diseñado una reforma que no garantiza una mejora de la prestación de servicios a los ciudadanos de la región; el hacer algo aunque no valga para nada es ‘más de lo mismo’ a lo que nos tiene acostumbrado el Gobierno regional", afirman en un comunicado de prensa.

 

A juicio de UPyD, con la puesta en marcha de las áreas de gestión sanitaria, el consejero Antonio María Sáez Aguado "echa sobre los hombros de los profesionales médicos el control y el desarrollo de los centros de salud, un trabajo a mayores que implica más horas, mismo salario y que corre el riesgo de mermar la calidad del servicio que reciben los castellano-leoneses". En definitiva, un cambio arbitrario las condiciones laborales de médicos y enfermeras que genera más incertidumbre y pérdida de derechos laborales, denuncian.

 

Asimismo, la reducción estructural de entre el 20-25% que plantea Sáez Aguado "puede revertir en subidas de impuestos para asegurar el funcionamiento de estas áreas, como ya sucedió con el llamado ‘céntimo sanitario’; una subida más que se sumaría a la ristra de nuevas cargas impositivas que sufren los ciudadanos desde hace cinco años". Según UPyD, la designación de los gestores por parte del Gobierno regional también arroja dudas sobre la independencia de la gestión y el control de las nuevas áreas.

 

La formación magenta es partidaria de una racionalización de las estructuras sanitarias, siempre que éstas sean efectivas y redunden en un beneficio para los ciudadanos que, "a la vista de los riesgos citados anteriormente, no parece que se cumpla". Además, UPyD en Castilla y León ve una serie de incongruencias para asegurar la prestación de un servicio que además es un derecho básico, por lo que dirige tres preguntas al consejero:

1)    ¿Cómo prevé compatibilizar la contratación de material por estas unidades con la creación de una central de compras nacional que propone el Ministerio? Aparentemente, estas áreas sanitarias van en dirección contraria a lo que plantea el Gobierno de la nación.

2)    ¿Existe un sistema de información compatible y en tiempo real capaz de integrar la Atención Primaria y la Especializada?

3)    ¿Será un sistema común o será diferente para cada área, como ya sucede en otros ámbitos de la Sanidad, lo que incrementaría el actual grado de ineficacia? ¿Está prevista la integración de todos los sistemas a nivel nacional como recomiendan los expertos?

 

El coordinador territorial en funciones, Rafael Delgado, impele a los responsables de la Consejería de Sanidad a que esclarezcan en un plazo breve estas y otras dudas que pueden surgir con la puesta en marcha de la reestructuración del sector. Delgado recuerda que UPyD no rechaza el proyecto de las áreas de gestión. Sin embargo, considera que “se está implementando de forma inadecuada” y que puede “dar un resultado opuesto al que se buscaba”.