UPA-COAG se marcan como retos para 2014 la definición de agricultor activo y la revisión de los costes eléctricos

Cargan en su balance de 2013 contra el Magrama por los "270 millones de deuda del PDR con CyL" y contra Asaja por sus "escándalos".

La Alianza UPA-COAG se ha marcado como retos para el año 2014 que está a punto de empezar el conseguir una definición de agricultor activo acorde con la postura defendida por el sector en Castilla y León de cara a beneficiarse de los fondos del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de la nueva Política Agrícola Común (PAC), así como la revisión de los costes de producción derivados de la factura eléctrica y la pervivencia de los municipios una vez que se ponga en práctica la Ley de Reforma de la Administración Local, recientemente aprobada por las Cortes Generales, según ha recogido Europa Press.

 

Así lo han defendido este viernes los responsables de la Alianza, Aurelio Pérez y Julio López, quienes han vinculado la definición de agricultor activo con la garantía de inversiones y ayudas agroambientales que "ahora no se están percibiendo".

 

Para ello, el responsable de COAG en Castilla y León, Aurelio Pérez, ha reclamado un "compromiso" del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) que permita nuevas incorporaciones de jóvenes en el sector, que en la última década ha sido sólo de 5.897, frente a unas bajas en la Seguridad Social agraria de 27.427, lo que supone una tasa de reposición del 21,5 por ciento. Así, la Alianza busca que el 10 por ciento de agricultores y ganaderos actuales de menos de 40 años en la región se convierta "en la base de la pirámide".

 

En este sentido, Pérez ha admitido "cierta receptividad" en el conjunto de las autonomías a las pretensiones de la Comunidad tras el "rechazo inicial", al tiempo que han pedido que el voto de Castilla y León sea "proporcional" a su peso en el sector agrario, frente a otras regiones uniprovinciales. Esta "buena disposición" chocaría, no obstante, con la oposición "más personal que argumentada" del ministro Miguel Arias Cañete.

 

Al hilo de esto, han subrayado que la nueva Ley Agraria de la Junta debería ahondar en esta línea, ya que de lo contrario sería "un contrasentido".

 

Por lo que se refiere a los costes eléctricos, el líder de COAG ha pedido "abordar" la realidad de subsectores como el de la agricultura de regadío, que debe contratar "grandes potencias" para todo el año cuando por el propio ciclo de los cultivos "sólo necesitan luz para regar cinco o seis meses", mientras el resto del año "no consumen ni un kilovatio". "Es como tener que pagar billete de ida y vuelta cuando sólo se quiere ir", ha ejemplificado.

 

Su homólogo en UPA, Julio López, ha añadido que todo el sector se ve afectado por el aumento de la tarifa eléctrica, "un 80 por ciento en los últimos años", lo que debería "repercutirse en los precios de los productos agrarios", algo que no ocurre, a su juicio, y que hace que este desfase recaiga "en los beneficios de los productores".

 

López y Pérez han destacado la "importancia" que 2014 tendrá para el sector al tiempo que han realizado balance del 2013 que concluye, dentro del cual han cargado contra el Magrama por los 270 millones de euros que, de acuerdo con sus cálculos, adeuda a Castilla y León en concepto de ayudas del Plan de Desarrollo Rural correspondiente a los ejercicios 2012 --40 millones-- y 2013 --230 millones--.

 

Para Julio López, la "morosidad" del Ministerio a la ahora de aportar el 25 por ciento de los fondos, como le corresponde, implica que la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León "no pueda aportar su 25 por ciento", ni que la Comisión Europea haga lo propio "con su 50 por ciento".

 

Otras medidas por las que ha criticado al departamento que dirige Miguel Arias Cañete es la "paralización" de la nueva norma del Ibérico que "sigue generando problemas en cuanto al etiquetado", a pesar del "trabajo duro" y la "confrontación muy fuerte" a que se sometió todo el sector en la Comunidad de acuerdo con la propia Consejería para lograr "una buena norma" diferente al borrador presentado inicialmente por el Ejecutivo central.

 

En cuanto al anteproyecto de Ley de Representación del Sector Agrario, López ha lamentado que el Magrama no haya "consultado" a las comunidades autónomas y ha asegurado que ésta no tiene "mucho sentido" porque "no coincide con la Ley Electoral" y no la entiende en Castilla y León dada su vigente Ley de Cámaras Agrarias.

 

Otro objetivo de las críticas de la Alianza UPA-COAG ha sido la organización Asaja, a la que ha pedido que "en vez de repartir carbón como otras veces por estas fechas, se lo quede" como gesto de reprobación ante "escándalos" como el proceso contra su presidente en Valladolid, Lino Rodríguez, el "reparto del patrimonio de la Cámara Agraria de Segovia junto a la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL)", las "irregularidades" en el voto por correo durante los últimos comicios agrarios en el distrito electoral de Arévalo (Ávila), la "reclamación de 432.000 euros destinada a cursos de formación en Zamora", o el uso "inadecuado" de una ayuda de 25.000 euros para la producción de pistachos concedida por la Diputación de Salamanca.

 

Por último, Julio López ha resaltado el trabajo realizado por la Consejería de Agricultura y Ganadería durante la negociación de la reforma de la PAC, dentro de lo cual también ha reconocido la "implicación" de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) y cooperativas y se ha mostrado "muy satisfecho" por las aportaciones de la Alianza UPA-COAG.

 

No obstante, el líder de UPA se ha preguntado "qué va a ocurrir" con las cámaras agrarias de Castilla y León, al tiempo que ha pedido a la consejera del ramo, Silvia Clemente, que ofrezca "explicaciones" de la situación de la mencionada y extinta Cámara segoviana, sobre la cual ha recordado que la Ley establece en su disposición segunda que los bienes han de liquidarse y repartirse después, pero "no repartirse el patrimonio y luego liquidarla".

 

Por todo ello, ha reclamado la convocatoria de una reunión del Consejo Regional Agrario y se ha ofrecido a que la Cámara Agraria de Salamanca, presidida por Aurelio Pérez, sea la primera en someterse a una auditoría, ya que, como ha destacado, la Alianza no tiene "nada que esconder". "Queremos saber qué objetivos persigue cada Cámara, que deudas tiene, qué se hace en cada provincia...", ha concluido.

 

Pérez y López han sentenciado que, por su contribución al PIB regional, el sector agrario es "estratégico" para Castilla y León, por lo que han reclamado "compromiso e inversión" que aseguren su "viabilidad".