Unos 2.500 discapacitados de Castilla y León podrán acceder a su pensión con el nuevo modelo

Entre 2.000 y 2.500 personas con discapacidad en Castilla y León podrán beneficiarse de forma inmediata del nuevo convenio especial que facilita a este colectivo completar su periodo de cotización a la Seguridad Social para tener acceso a pensiones de jubilación, viudedad u orfandad.

Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, ha defendido que se trata de hacer "compatibles" los ajustes y reformas que requiere la actual situación de crisis con "la apertura de nuevos espacios de solidaridad, de justicia social y de mayor protección jurídica".

 


En esa línea se plantea este convenio especial, en vigor desde el pasado 1 de abril, y que se dirige a las personas con discapacidad que no han podido cotizar "por no tener actividad laboral alguna o porque lo han hecho de forma insuficiente", para que puedan completar esas cotizaciones y generar pensiones.

Tomás Burgos ha explicado que se trata de una "posibilidad inédita" en la Seguridad Social, y supone "un avance sustancial" en un momento en el que la crisis no puede ponerse como "excusa para la inacción", sino como más bien "para remover obstáculos, normas y rigideces que en este caso la Seguridad Social venía planteando".

La reunión de hoy ha permitido divulgar este convenio con el fin de que "llegue a todos los beneficiarios", según ha planteado el secretario de Estado de la Seguridad Social, quien ha calificado este nuevo instrumento de "esencial para garantizar un nivel de protección acorde al resto de ciudadanos".

Tomás Burgos ha enmarcado este avance dentro de la apuesta del Gobierno por "asegurar pensiones estables y adecuadas para todos los ciudadanos".

Tras el encuentro, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, también ha valorado este convenio, que beneficiará en España a más de 34.000 personas de forma inmediata, entre 2.000 y 2.500 en esta Comunidad.

Pueden solicitar el convenio, pagando una cuota mensual de 190 euros, cualquier mayor de edad que tenga reconocida una discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral con parálisis cerebral, enfermedad mental, con discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento o física igual o superior al 65%-, inscrita en los servicios públicos de empleo como desempleada como mínimo desde hace seis meses.

De esta forma, los cotizantes podrán tener derecho a las prestaciones por jubilación (después de 15 años) y por muerte y supervivencia, entre las que se incluyen las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares.

Desde CERMI, su vicepresidente regional, Luis Ángel Pérez, ha valorado este convenio en un momento en el que las personas con discapacidad "aún lo tienen más difícil" que el resto para acceder a un puesto de trabajo, en un mercado muy competitivo en el que pesa más el "afán económico que el social".

Pérez ha valorado "la garantía jurídica" que da este convenio para que las personas con discapacidad puedan optar en las mismas condiciones que otras personas a esas prestaciones futuras.