Unidad Popular presenta sus medidas para la reactivación económica

La formación salmantina impulsada por Izquierda Unida subraya que las administraciones del Estado pueden involucrarse en la puesta en marcha de medidas que generen la creación de empleo y la regulación de las relaciones productivas para garantizar un marco laboral justo, sobre todo en el sector primario.

Una economía basada en el turismo es una economía dependiente, con empleo estacional. Desde que España entró en la Unión Europea, los diferentes Gobiernos se han dedicado a desmantelar el tejido productivo de nuestro país. “En el sector primario, ese papel lo desempeña la PAC y sus subvenciones a cambio de mantener la tierra improductiva. Ahora, desde Bruselas, se orquesta un nuevo atentado que lastrará la capacidad productiva de España, sobre todo en provincias como la nuestra”.

 

El CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) se propone limitar la superficie dedicada a la alimentación del ganado en zonas con superficie arbórea o desniveles en el terreno. Esta política, negociada una vez más a espaldas de la población, condena a comarcas de Salamanca, como las sierras de Béjar y Francia o las Arribes del Duero, al exilio económico.

 

Ante esto, la formación de izquierdas se propone “democratizar la economía, involucrar a todos los agentes sociales para frenar esta medida, para exigir al Gobierno que defienda nuestros intereses en Bruselas”. Además, Unidad Popular apuesta por dotar a las mesas sectoriales de una verdadera capacidad de negociación que establezca unos precios justos para los productores.

 

“Lo que no puede ser”, ha señalado Javier Laso, candidato al congreso. “es que los agricultores y ganaderos se rompan el alma para sacar adelante sus cultivos y sus cabañas y que los intermediarios se lucren sólo por mover el producto. Las subvenciones de la PAC sólo parchean esta situación y benefician a los latifundistas. Lo que el campo necesita es una retribución proporcionada para su producción, o seguiremos viendo como los ganaderos tiran su leche o los agricultores regalan patatas porque no les compensa venderlas”.

 

El papel activo del Estado en la economía también debe concretarse en situaciones como la de la planta de ABENGOA en Babilafuente. “Las administraciones no pueden consentir que una empresa  pida un crédito bancario de 100 millones para pagar las nominas de diciembre, cuando hace tres meses ha repartido beneficios por valor de 94 millones, más de 30 directamente a la familia propietaria. El mito que considera la gestión privada más eficaz se está desmoronando. Si los directivos de Abengoa no han sido capaces de garantizar la productividad de la planta, las administraciones deben intervenir. Ya lo hemos visto en esta provincia con la estación de esquí de la Covatilla, que funciona desde que se gestiona desde el Ayuntamiento”

 

En ese sentido, Unidad Popular quiere “mejorar la colaboración entre administraciones para poner en marcha su Plan de Trabajo Garantizado, que financiará en Estado Central y pondrán en marcha los Ayuntamientos”

 

Alejandro Álvarez, alcalde del Encinar, asegura respecto del Plan de trabajo garantizado:

 

La impulsión de sectores fundamentales para el desarrollo social y cultural del país, así como la correcta dedicación a las áreas culturales, deportivas o de ocio tienen un amplio déficit laboral que incrementa la necesidad de ser adecuadamente satisfecho.

 

Estos campos permiten demandar 1 millón de puestos de trabajo, mediante una inversión cercana a los 15.000 millones de euros.

 

El efecto directo en la economía sería la generación de una mayor renta de consumo, la implementación de la capacidad adquisitiva neta de los nuevos asalariados y la creación de un mecanismo regulador que permita, por medio del nuevo marco de relaciones laborales, una dignificación del trabajo, además de procurar una merma en el deterioro de salarios y condiciones en que se ejerce, invirtiendo la dinámica en la que llevamos instalados los últimos dos lustros.

 

Los efectos múltiplicadores para la economía en general serían cuantiosos. Se garantiza una tasa de retorno pública amplia, dado que se produciría un ahorro en prestaciones y subsidios. Aumentaría la recaudación directa e indirecta al aparecer un nuevo techo de consumo que se ajustase a las necesidades reales. 

 

La inercia de este plan tendría un impacto en la generación de entre 200.000 y 300.000 empleos añadidos,  insuflando liquidez y acelerando el movimiento de la economía.

 

Buena parte de la incorporación de nuevos trabajadores vendría de la realización de un plan de reciclaje profesional y formación, dotado con 8000 millones de euros. Compartiendo los principios teórico prácticos y orientando en sectores como medio ambiente, dependencia, educación, cultura o deportes pero también permitiría un refuerzo en las labores de la administración y mantenimiento en general.

 

Es por su propia naturaleza, un plan que se asienta en la gestión de las entidades locales, ya que son éstas las que con ayuda de su entorno civil, deciden las necesidades propias. La cercanía es clave para mejorar la eficacia en los planes de desarrollo profesional y de ocupación, además de permitir una eficiencia redistributiva mucho más marcada y un ejercicio colectivo en las decisiones sobre contratación.

 

Se podría formar a 600.000 nuevos ocupados en el ámbito local, con una reversión de 5000 millones de euros al estado.

 

Todas estas políticas completan el asiento de una red de cambio en aspectos también estructurales. La necesidad de desarrollo de la productividad y la sostenibilidad para competir en mercados internacionales que están abaratando la mano de obra, empieza por el cambio de modelo energético. Solo desde un sector público comprometido se puede abordar la transformación de un fornato que no está generando contenidos de valor añadido suficientes y que no se puede basar en el retroceso de las condiciones salariales  y en una mayor explotación.

 

La ocupación del sector forestal, una campaña de asistencia a la educación y el incremento de personal sanitario son también partes integrantes de una amplia estrategia, que incentiva la dignidad del trabajador a la par que garantiza sacar del atolladero a una economía estancada.