Una protesta justificada pero inconveniente

 
Los millones de funcionarios afectados por el recorte salarial del Gobierno tienen motivos más que suficientes para estar indignados y mostrar en las calles su rechazo a un paquete de medidas que llegaron tarde y de la peor manera posible. Pero, al tiempo, deben entender que son totalmente inevitables y que forman parte de un plan, mucho más ambicioso, para reducir el déficit público insoportable que sufre este país. En Alemania, pretenden amortizar 15.000 empleados públicos y también habrá reducciones de sueldos, iniciativas que tendrá que asumir la mayoría de los países de la Unión Europea para devolver la estabilidad a los mercados y a la moneda única. También es verdad que el Ejecutivo español rompe un acuerdo previo con los agentes sociales y no ofrece más alternativas que le otorguen un mínimo de credibilidad para entender que todos debemos estar en el mismo barco contra el excesivo gasto, por no hablar de la subida de impuestos, como el IVA, que volverá a recaer en las clases medias. Así las cosas, y pese a los errores acumulados de Zapatero, cuyas medidas deben pasar estos días el examen de los organismos internacionales, alentar el paro general de los funcionarios y amenazar con una huelga total ante la reforma laboral que se avecina no contribuirá de ningún modo a mejorar los indicadores económicos de este país. Hay que exigir que se hagan las cosas de otra manera, pero no es momento de pedirlo con una huelga.