Un supuesto de 'mala praxis' libra a García Sierra del pacto anticorrupción PP/Ciudadanos

Fernández Mañueco exonera al vicepresidente de la Diputación, imputado en un caso de trato de favor a empresas en contratos millonarios, porque "no ha metido la mano en la caja". Se agarra en su interpretación a los límites que aceptaron PP y C's: permitir la corrupción no es corrupción 'política'.

Este martes Mariano Rajoy se somete al Congreso para intentar su investidura como presidente del Gobierno. Al trance llega con los votos de Ciudadanos, que le ha prestado sus escaños a cambio de una serie de condiciones previas que se han ido firmando en los últimos días. Condiciones que parecen 'papel mojado' en un área concreta, delicada y clave, y que ponen en tela de juicio la exigencia del partido naranja. Se trata del compromiso por la regeneración, el documento con seis puntos contra la corrupción firmado hace algo más de una semana... pero que parece de una eficacia muy reducida.

 

Así se ha demostrado con los 'peros' que el PP le ha ido poniendo, y el último ejemplo lo ha dado el secretario autonómico de los populares en Castilla y León, presidente del Comité de Garantías (el que ha 'vigilado' los casos de Bárcenas, De la Serna, Barberá...) y alcalde de Salamanca. En puertas del debate de investidura, Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que no hay motivo para aplicar la nueva doctrina contra la corrpución en el caso del vicepresidente de la Diputación de Salamanca... y mete lo ocurrido en la trama Diputación directamente en el saco de las decisiones erróneas: permitir la corrupción de una trama de contratos irregulares no es, según esta visión, corrupción política.

 

Según el documento, el PP se compromete a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. En este punto se encuentra Carlos García Sierra, que lleva meses como investigado (lo que antes se llamaba imputado) y que conserva esa condición en la denominada 'trama Diputación'. Este caso investiga el trato de favor a empresas que se lucraron con millonarios contratos de obras diseñados para que se los llevaran. Estar investigado bastaría para tener que ser apartado.

 

Sin embargo, Fernández Mañueco considera que García Sierra no está en situación de ser apartado, según el alcalde salmantino, porque no concurre en el caso financiación ilegal ni enriquecimiento, a pesar de que hay empresas que se han lucrado con esos contratos que dio de paso García Sierra como vicepresidente y diputado de Fomento. Así que Fernández Mañueco aplica desde ya a su compañero de partido las mismas limitaciones que Ciudadadanos aceptó a sugerencia del PP: sólo hay corrupción si se mete la mano en la caja. "Ni Carlos García Sierra ni ningún miembro del PP de Castilla y León está en esta situación", ha dicho este lunes a pregunta de TRIBUNA.

 

Esta interpretación ha supuesto la redefinición de la corrupción política por parte de estos dos partidos, ya que ambos consideran que la 'mala praxis' no es corrupción. Es el caso de García Sierra, bajo cuya responsabilidad en Fomento se firmaron todos los contratos investigados, de 2007 a 2014. Es decir, que no actuó de manera correcta, pero no se le debe apartar porque, sobre el papel, no hay financiación ilegal ni enriquecimiento. Da igual si se favoreció la adjudicación irregular de contratos en una trama en la que también se investiga al todavía jefe de área, Manuel Borrego, declarado amigo personal de Fernández Mañueco.

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