Un préstamo de IU a los ecologistas permite frenar una polémica permuta en Santa Marta

El edil de Izquierda Unida, Gorka Esparza (Foto: Archivo Tribuna)

Un préstamo de Izquierda Unida Salamanca a la Asamblea de Ecologistas de Santa Marta permite mantener paralizada de forma cautelar la permuta urbanística concedida por el Ayuntamiento a la empresa Prosa. 

La paralización fue concedida hace una semana por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Salamanca que dispuso una caución de 3.000 euros. Finalmente, y casi a última hora, Izquierda Unida consiguió reunir esa cantidad para prestársela a los ecologistas y mantener así paralizada esta operación.

 

Gorka Esparza, coordinador provincial de Izquierda Unida, explicaba que esta fórmula “ha sido la más práctica porque no había tiempo material para reunir el dinero pero es un préstamo que se devolverá por dos vías. Por un lado una rifa y, por el otro, por la vía de mecenazgo por internet. De esta forma la gente que de dinero podrá recuperarlo si se gana el juicio”, explica.

 

Prosa y el Ayuntamiento de Santa Marta habían acordado la permuta de un terreno situado frente a la Urbanización La Fontana (Residencial Prado de los Guzmanes con la intención construir 24 viviendas a cambio de construir como medio de pago  una biblioteca sobre un solar que es propiedad del Ayuntamiento.

 

Desde la Asamblea de Ecologistas e Izquierda Unida de Salamanca se entiende que el negocio es ruinoso para Santa Marta puesto que la omisión de un concurso conlleva que las viviendas (que ya ha puesto a la venta Prosa) gocen de la menor protección de las que prevé la Ley y la adjudicación de la obra de la biblioteca a aquella empresa impide que el Ayuntamiento obtenga las mejoras que la Ley de Contratos prevé en todo concurso: rebaja del precio, aumento de calidades, reducción de plazos de ejecución, etc.

 

En su día, cuando se cerró el acuerdo, IU señaló que el acuerdo PP-PSOE para sacar adelante la permuta con Prosa SA tendrá por lo tanto un impacto de unos 630.000 €.

 

Ahora esta permuta queda parada tal y como pretendían la Asamblea de Ecologistas e Izquierda Unida, antes de que se inicien las obras y serán los tribunales los que decidan de manera que el proceso se puede alargar posiblemente más de dos años.