Tribunal de Cuentas no ve responsabilidad contable en la contratación de un bufete privado por el Ayuntamiento de Madrid

Palacio De Cibeles
El Tribunal de Cuentas (TC) no ve "supuesto alguno de responsabilidad contable" en la contratación de un bufete privado por parte del Ayuntamiento de la capital para llevar la defensa del caso Madrid Arena, por lo que ha procedido a archivar las diligencias.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



En un auto fechado el 1 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el TC establece que "no se deduce que se haya abonado cantidad alguna que haya podido ocasionar perjuicio alguno en los fondos públicos ni la existencia de hechos que revistan el carácter de alcance".

El Tribunal de Cuentas abrió diligencias por la contratación desde el Ayuntamiento de Madrid de un bufete privado para llevar la defensa del caso Madrid Arena en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que el Consistorio madrileño está presente como responsable civil.

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) presentó el pasado 5 de febrero una denuncia ante el TC contra el Ayuntamiento de Madrid por contratar un bufete privado cuando consideran que se trata de un asesoramiento jurídico para la función pública.

El despacho jurídico del ex vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, lleva la defensa jurídica del Consistorio madrileño en este proceso judicial, a pesar de que "el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que cuenta con una asesoría jurídica formada por 78 personas", según manifestó la asociación en su denuncia.

En un escrito en el marco de las diligencias, el Ayuntamiento de Madrid solicitó que se inadmitiera la denuncia recordando que en materia de representación y defensa de entidades locales, el artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, señala que la defensa la llevaran "los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda".

Asimismo, como recoge el auto del Tribunal de Cuentas, el artículo 29 de la Ley de Capitalidad prevé la posible representación y defensa de autoridades y empleados públicos por parte de abogados colegiados.