Tres diputados salmantinos, incluidos en la querella de DRY ante el Supremo por malversación de fondos públicos

Los tres diputados salmantinos incluidos en la querella

Los diputados del Partido Popular José Antonio Bermúdez de Castro y María Teresa Cobaleda Hernández, y el socialista Jesús Caldera Sánchez, son tres de los 58 diputados acusados por la Asociación Democracia Real Ya (DRY) de malversación de fondos públicos junto a Mariano Rajoy y otros cuatro ministros.

 

La Asociación Democracia Real Ya (DRY) presentó el pasado viernes, ante el Tribunal Supremo, una querella contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los ministros Fátima Báñez (Empleo), Jorge Fernández Díaz (Interior), Cristóbal Montoro (Hacienda) y Ana Pastor (Fomento); y contra 58 diputados entre los que se encuentran los parlamentarios salmantinos José Antonio Bermúdez de Castro (PP), Marías Teresa Cobaleda Hernández (PP) y Jesús Caldera Sánchez (PSOE). A todos ellos, la organización les acusa de los “delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida” por cobrar del Congreso dietas destinadas al alojamiento, lo cual “no se entiende” ya que “tienen declaradas viviendas de su titularidad en la ciudad de Madrid”, como se recoge en la querella.

 

"Con esta querella buscamos justicia. Si lo que pretenden es algo parecido a un sobresueldo que lo digan y que se lo expongan a los ciudadanos para que opinen", manifestó el letrado de la asociación Miguel Ángel Jiménez a los periodistas, tras presentar la querella en el Supremo.

 

Según la denuncia, la mayoría de los parlamentarios querellados cobran una dieta de 1.823 euros como ayuda de alojamiento por haber sido elegidos en otras circunscripciones diferentes a Madrid, sin embargo cuentan con una o más viviendas en la capitalEn el caso de los tres diputados salmantinos, cada uno de ellos tiene declarada una vivienda en Madrid.

 

Jiménez explica que "existiría duplicidad en el concepto de dietas" y por ello, dado que esos diputados recibirían 952 euros más que los elegidos por Madrid, cuya dieta asciende a 870 euros, a pesar de contar con residencia en la capital, les acusan de malversación de fondos, apoyándose en el artículo 433 del Código Penal.

 

Según este artículo, que se cita en la querella, "la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años".

 

La Asociación Democracia Real Ya también considera en su acusación que los diputados incurren en un delito de apropiación indebida, establecido en el artículo 252 del Código Penal.