Trabajadores de Topas fueron víctimas de cuatro agresiones con siete lesionados durante 2015

Los incidentes han sido de menor gravedad que en 2014 pero un trabajador más ha resultado afectado o herido en la cárcel situada en Salamanca.

Al menos 4 incidencias o accidentes regimentales,con 7 empleados afectados o lesionados, es el balance que concreta CSI-F durante 2015 en la prisión de Topas, a través del Servicio de Prevención de Castilla y León, y de las agresiones investigadas por el subdirector encargado en cada centro penitenciario de la Comunidad. 

 

En total en todo Castilla y León se informa de 34 incidencias o accidentes regimentales, con 48 empleados afectados o lesionados.

 

Durante 2014 la prisión de Topas registró seis heridos pero además lo hizo sumando dos casos de relevancia puesto que varios trabajadores fueron agredidos por un preso en un módulo donde se vivieron momentos de tensión y otro interno goleó a un funcionario en el comedor. 

 

En cuanto a otras prisiones de Castilla y León, en Ávila se produjeron dos agresiones o incidencias, en Burgos 3, en Dueñas 16, en Mansilla 10, en Segovia una agresión, en Soria 2, y en Valladolid una. El mayor número de agresiones se han producido en Dueñas, Mansilla.

 

Según el sindicato CSI-F en las prisiones de España "tenemos los índices más altos de agresiones a Empleados Públicos de toda la Administración General del Estado, donde año tras año se incrementan sustancialmente sin que la Administración Penitenciaria ponga las medidas necesarias para reducir esta situación".

 

En el medio penitenciario, no se dispone de ningún procedimiento de actuación que atienda la violencia en el medio penitenciario desde el prisma de la prevención, que es desde donde toca abordar esta lacra, a lo que se suma las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios en su tarea diaria por la falta personal (la excesiva ratio de internos por módulo) y la ausencia de ofertas públicas de empleo.

 

En este sentido, "reclamamos la inclusión de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de Prevención de Agresiones que se está negociando para el conjunto de las administraciones públicas. CSI-F ha presentado esta reclamación a la Defensora del Pueblo".

 

Con el protocolo se pretende identificar las posibles conductas antisociales, así como la implantación de una metodología para análisis y registro de la violencia, y  seguimiento de los casos, para finalizar con un diagnóstico de la situación y el aporte de las medidas de actuación.

 

Ante esta situación general, reclaman:

 

-       Reforzar las plantillas.

 

-       Que la violencia sea contemplada como un objeto de la acción preventiva, haya o no antecedentes de la misma, en el marco de un protocolo para el conjunto de las administraciones públicas, incluido Instituciones Penitenciarias.

 

-       Una formación adecuada para la detección de las situaciones violentas, la protección y el manejo de conflictos.

 

-       Incremento de las medidas de protección.

 

 

-       Promover una campaña ciudadana que promueva la dignificación del trabajo del empleado público, el rechazo a la agresión y en definitiva una cultura de tolerancia cero hacia la violencia contra los empleados públicos.

 

-       Considerar al empleado de las administraciones como agente de la autoridad pública, tal y como sucede con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal docente y el sanitario, con el fin de que el testimonio sea válido como prueba ante una agresión.

 

-       Inclusión del personal de Instituciones Penitenciarias en el Protocolo de Agresiones.

 

-       Incluir en el protocolo las agresiones internas (agresiones de compañeros de trabajo).

 

-       Sensibilizar a los responsables de los centros de trabajo.

 

-       Grabación de llamadas telefónicas.