Tasas disuasorias, desatasco de la Justicia a costa de la clase media

Desde la reforma judicial de noviembre de 2012, la reducción del número de procedimientos judiciales en Salamanca ha sido de un 80 por ciento. El dinero disuade de acudir a los juzgados, con la merma de derechos que eso supone. 

 

SALAMANCA

 

En el caso del Colegio de Abogados de Salamanca, éste dedica a cuatro personas al mes a llevar los casos de abogacía de oficio y percibe una importante reducción de presupuestos desde los organismos públicos, aunque aún faltan informes económicos precisos de estos cambios en la financiación de la justicia gratuita.

 

En muchas ocasiones colaboran estrechamente con organizaciones de carácter social como Cruz Roja, Cáritas o Stop Desahucios que asesoran a los afectados previamente de cómo deben solicitar el servicio de justicia gratuita y la documentación que deben adjuntar. 

 

"Es un derecho que debemos defender y con estras modificaciones se lo están cargando: no reconocer el servicio de los abogados retrasando el cobro de salarios, disminución de las partidas presupuestarias ministeriales o las tasas que hacen que la gente se lo piense mucho antes de presentar una demanda", concluye la abogada Alicia Vaquero analizando el panorama que va quedando tras dos años de la aplicación de estas reformas y en el que hay cada vez menos usuarios de la justicia para dirimir conflictos.

El pasado 24 de julio, más de un millar de miembros de las Juntas de Abogados de toda España fueron convocados por el Consejo General de la Abogacía Española para la defensa de la Justicia Gratuita y en contra de la ley de reforma tramitada en noviembre del 2012 por el titular del Ministerio de Justicia.

 

Pocos proyectos de ley han levantado tantas ampollas como éste en estamentos tan distintos como son los jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores y usuarios, demostrando un rechazo generalizado contra estas modificaciones que ya empiezan a tener efectos dos años después de su promulgación.

 

Los datos del último cuatrimestre calculados por la Audiencia Nacional en uno los tipos de litigios que mantienen un número más estable, los relacionados con la actividad sancionadora de la administración, apuntan a 532 asuntos, pero se ha observado la entrada final de 352, cifra que supone un descenso del 36'3%.

 

Hay interpelado un recurso de amparo para revisar la constitucionalidad de esta ley que reduce las partidas presupuestarias para el funcionamiento de la asistencia jurídica para personas con dificultades económicas y en los pagos de los abogados de oficio, que no debe olvidarse que son profesionales autónomos.

 

En Salamanca, el Ilustre Colegio de Abogados es la principal organización que se ha sumado a las protestas y ha celebrado actos reivindicativos como la carrera popular por la Justicia gratuita, para tratar de paliar las consecuencias funestas en los asuntos que antes no eran gravados con tasas.

 

Estos son los fundamentos del ‘copago’ de la justicia que ya previamente percibe las partidas de los impuestos de todos los contribuyentes.

 

Existe una relación cercana entre la reforma de la Justicia Gratuita y las tasas judiciales aunque no son lo mismo. Da la sensación de que los medios los unen demasiado y no queda suficientemente clara su distinción” explica Alicia Vaquero, abogada afiliada al Icasal (Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca). “Y seguramente el motivo sea que Gallardón unió una declaración que pretendía mejorar la asistencia jurídica gratuita con la recaudación de tasas en cualquier procedimiento”, añade.

 

Hay que diferenciar correctamente las tasas judiciales que recaen sobre cualquier tipo de demanda, recurso o procedimiento de un usuario de la justicia en sus diversas vías y por otra parte, la justicia gratuita como una atención jurídica básica a todas las personas en riesgo de exclusión social.

 

EL COSTE

 

Emprender cualquier demanda tiene unos costes mínimos que oscilan entre los 150 y los 300 euros, y una cuantía variable dependiente de la vía judicial (contencioso-administrativo, civil, penal y del delito). Si además se pierde, deberán abonarse otros 200 euros, 350, 800 o incluso 1.200 euros. 

 

Los delitos penales son los únicos exentos de estas tasas, en la primera instancia de lo social, los delitos de faltas y deudas menores a los 2.000 euros.

 

En la ciudad de Salamanca hay estadísticas del Ilustre Colegio de Abogados del primer cuatrimestre del 2014 que destacan la reducción de casi un 80% de las demandas interpuestas por particulares. La idea de “agilizar” los trámites de la justicia por parte del ejecutivo pasa por reducir el número de litigios totales con medidas disuasorias para emprenderlos.

 

De esta manera las palabras de Gallardón en abril chocan frontalmente con los últimos datos de los recursos interpuestos: "Si no hubiésemos aprobado las tasas judiciales, nosotros no hubiésemos podido elevar los umbrales de renta. Hoy proporcionamos la justicia gratuita a un número muy importante de ciudadanos en España que antes no tenía", decía.

 

SITUACIÓN DEL ABOGADO

 

Lo cierto es que hay retrasos en varios meses en la retribución de un salario para los abogados del turno de oficio, 6 meses en el caso de Salamanca y hasta 24 en Madrid, a pesar de que es necesario una experiencia mínima de tres años, cursos de formación especializada para temas de inmigración o violencia de género y una indudable labor social.

 

Además, se busca la tramitación de unos aranceles a Hacienda para los autónomos que ejercen de letrados de oficio. A disposición de los usuarios hay un reglamento de quejas disciplinarias por la forma de actuación del abogado o por solicitar un nuevo letrado, garantías del buen funcionamiento del servicio.

 

Alicia Vaquero, abogada afiliada al Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca (Foto: Álvaro Bravo Gutiérrez)

Alicia Vaquero, afiliada a Icasal (Foto: Álvaro Bravo)

 

Según confirma a TRIBUNA Alicia Vaquero, los principales colectivos afectados por las tasas judiciales son las rentas medias que no pueden solicitar la asistencia jurídica gratuita y recaen sobre ellos los costes del llamado 'tasazo Gallardón'. 

 

La cobertura básica que asegura el artículo 119 de la Constitución contempla a los ciudadanos con unas rentas anuales inferiores entre los 12.000 y los 14.000 pudiéndose elegir que tipo de servicios te acoges: asesoramiento y orientación, asistencia de un abogado y un procurador al detenido o al preso, exención del pago de las tasas, reducción del 80% de los derechos arancelarios. En algunas ocasiones un acusado que no se presenta al juicio, no tiene interés en su defensa, se le asigna un abogado de oficio para cumplir con las garantías constitucionales.

 

Aunque uno de los peligros es que pase un plazo de hasta dos meses desde que solicita un abogado y un procurador de oficio las costas del juicio deban correr de parte del cliente, a riesgo de no poder afrontarlos. Cada solicitud es revisada por el Servicio de Atención Jurídica Gratuita, órgano dependiente de la Subdelegación Provincial del Gobierno, y en una segunda instancia son revisados por el Servicio de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados. Dos órganos que velan por las garantías de que se cumplan los requisitos para ser beneficiarios.

 

Los diferentes requisitos, aparte del principal de tener una renta anual inferior a los 12.373 euros para ser beneficiarios de la atención jurídica gratuita, es pertenecer a alguno de los colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad (mujeres víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, accidentados con secuelas permanentes), beneficiarios de la Seguridad Social o personas con discapacidad o incapacidad permanente.

 

En muchas ocasiones, el requisito que debiera ser principal para el acceso no es necesario y rentas elevadas pueden beneficiarse de este servicio por encontrarse en alguno de los colectivos de riesgo, aún pudiéndose hacer cargo de los costes. Falta un criterio de racionalidad.

 

El abogado del turno de oficio es elegido por orden de lista  en cada tipo de procedimiento y un usuario puede acogerse a la libre designación de un letrado tres veces al año. Alicia Vaquero explica que es algo que sucede cuando el usuario ha tenido algún contacto anterior con el abogado (alguien que tramitó un divorcio ahora se quiere que lleve una demanda de violencia de género, por ejemplo) y en el que tengan una mayor confianza como profesional.