Sobreseída una de las dos querellas de la Fiscalía contra Carlos García Sierra y Manuel Borrego por la ‘trama Diputación’

El diputado de Fomento y el presidente de la Diputación, cuando explicaron la aparición de presuntos contratos irregulares.

El juzgado de instrucción decide archivar una de las dos causas contra García Sierra y Manuel Borrego en la 'trama Diputación' en una sentencia que acredita funcionamiento extraño de los contratos negociados o viajes del jefe de Fomento con empresas beneficidas. Pendiente todavía la acusación al funcionario y el vicepresidente por gasto de dinero público en comidas y cenas de fin de semana.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca ha decidido archivar una de las dos causas de la denominada 'trama Diputación', el escándalo de contratos irregulares con el que funcionarios de La Salina supuestamente habrían estado beneficiando a determinadas empresas con obras públicas por 12 millones de euros. El asunto, denunciado por el PSOE y llevado a la Fiscalía por la propia Diputación, ha visto como se desestimaban las acusaciones de prevaricación, fraude y tráfico de influencias contra el vicepresidente y diputado de Fomento, Carlos García Sierra, y el jefe del área, Manuel Borrego. Una decisión previsible habida cuenta de que el juzgado desestimó declarar el asunto causa compleja como le pidió la Fiscalía en junio de 2016, cuando ya llevaba año y medio abierta. La decisión de no prolongar la investigación fue clave porque en vez de disponer de 18 meses más para indagar, había que resolver en menos de seis, cosa que ahora ha ocurrido.

 

Ahora la primera de las dos querellas que forman parte del caso ha quedado archivada, pero sigue viva otra: la denuncia en la que se acusa al jefe de Fomento de disponer para uso personal de importantes cantidades de la caja de este área, con la que pagó con dinero público cenas y comidas en fin de semana, fuera de sus responsabilidades laborales, por más de 3.000 euros. Todos estos gastos llevaban el visto bueno del diputado de Fomento.

 

Mientras llega la resolución de este asunto, el juzgado ha decidido archivar la querella por favorecer a determinadas empresas en los contratos de obras de la Diputación, que llevaba 24 meses sobre la mesa desde que se denunció. En una sentencia con muchas cuestiones en duda, el juzgado analiza viajes de Borrego a Turquía con responsables de empresas acusadas, el irregular funcionamiento de los contratos negociados sin publicidad o la disparidad entre las cantidades contratadas por la Diputación y las declaradas por las empresas, para concluir que no concurren tráfico de influencias, prevaricación o fraude, las acusaciones que recaían sobre Borrego y García Sierra.

 

Sin embargo, todas estas circunstancias probadas arrojan zonas en sombra. Las más claras, la relacción entre el funcionario y las empresas adjudicatarias, por más que la resolución asegure que eso no permite concluir que es culpable de favorecer a determinadas sociedades; o el uso irregular de los contratos negociados sin publicidad: ha quedado probado que, de manera sistemática, se invitaba a tres empresas y que, después, dos desistían siempre de presentar ofertas. A pesar de ello, se concluye que no existen indicios suficiente para probar un trato de favor o que se firmaban contratos fraudulentos.

 

El PSOE de Salamanca, que ha impulsado la querella durante más de dos años, tiene la opción de recurrir el archivo de la querella. Según fuentes socialistas, lo decidirán en los próximos días. Tiene cinco días para hacerlo desde que reciba la comunicación.

 

 

MESES DE 'TRAMA DIPUTACIÓN'

 

Tras la denuncia de la denominada 'trama Diputación', se decidió relegar a dos funcionarios a los que se culpaba de los casos. Paralelamente, se conocieron los despilfarros del jefe de Fomento, que había usado fondos del área para pagar comidas, cenas y otros gastos... recibos que siempre dio de paso su jefe político, García Sierra. Pocas semanas después de explotar el caso, surgió con fuerza el rumor de que la Diputación estaba destruyendo documentos. El equipo de Gobierno tuvo que reconocer que era así, que llevó expedientes de contratación de obras (el mismo tipo de los sospechosos) a la trituradora de papel coincidiendo con las fechas de la denuncia.

 

En marzo de 2015, la Fiscalía decide unificar la denuncia por los contratos amañados y la denuncia por presunto uso irregular de fondos en el área de Fomento presentada por el PSOE, y las convierte en la primera macrocausa contra la corrupción en Salamanca. La decisión cambia el status de García Sierra, que pasa de testigo a imputado o investigado, y es citado a declarar.

 

En junio de 2016, la Fiscalía solicita para la 'trama Diputación' la declaración de causa compleja para ampliar la investigación: dispondría de 18 meses más. Lo último que se sabe es que se denegó, tras haberlo pedido varias de las partes afectadas, las que tenían más que perder, lo que dejaba el plazo de prórroga en seis meses más, tiempo límite para resolver. Todos los implicados esperan todavía una resolución, aunque en situaciones bien diferentes.