Seis Comunidades, con un nivel de deuda "crĂ­tico" con las residencias de mayores

AndalucĂ­a, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias estĂĄn entre las morosas

El sector privado de las residencias para mayores y los centros de dĂ­a no es el Ăşnico que estĂĄ agobiado por la deuda cada vez mayor que acumulan ciertas comunidades autĂłnomas en el pago de las plazas que tienen concertadas para beneficiarios de la ley de dependencia. En seis regiones el nivel de deuda es "crĂ­tico" tambiĂŠn con las ONG, organizaciones religiosas y entidades sociales que atienen a los mayores.

AsĂ­ lo explica el Ăşltimo informe de Lares FederaciĂłn, que sitĂşa a AndalucĂ­a, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias entre las morosas que estĂĄn generando mayores problemas a este sector de la atenciĂłn a personas que no pueden valerse por sĂ­ mismas. No obstante, sĂłlo Galicia, Cantabria, PaĂ­s Vasco, Navarra, AragĂłn, Extremadura y Madrid estĂĄn al corriente de los pagos.

La peor situaciĂłn es la de la Comunidad Valenciana. La Generalitat debe 15,5 millones de euros a las entidades sociales que gestionan las residencias y presenta retrasos en los pagos de 12 meses. Lares ha llevado a cabo movilizaciones y concentraciones para reclamar el pago de la deuda y, en la actualidad, reclama a la ConsejerĂ­a de JusticĂ­a i Benestar Social que equipare los precios que paga por plaza al sector privado con los que abona al sector social, que llegan a percibir hasta 14 euros menos al dĂ­a por dar los mismos servicios.

En el caso de AndalucĂ­a, la deuda asciende a nueve millones de euros, los pagos han pasado a hacerse de 30 a 90 dĂ­as y se ha anunciado una bajada del 12 por ciento en el precio de las plazas concertadas aunque segĂşn Lares ya estĂĄn por debajo de los costes reales. Como principal consecuencia, las residencias del Tercer Sector estĂĄn experimentando retraso en los pagos a los proveedores y hasta en las nĂłminas de sus empleados.

En Baleares, el gobierno regional tiene una deuda con Lares de 340.000 euros, correspondientes a las 30 plazas concertadas en la Residencia Reina SofĂ­a- Ibiza durante el 2011 y hasta septiembre del 2012, que sobrevive gracias al pago regular de las plazas privadas. No obstante, "la amortizaciĂłn de la deuda puede provocar un hundimiento de la residencia", conforme advierte el informe.

Castilla-La Mancha no tiene mejor situaciĂłn. La AdministraciĂłn debe todo el aĂąo 2012 en convenios y 6 meses de conciertos. En los convenios suscritos con entidades municipales, cuyos centros estĂĄn gestionados por organizaciones integradas en ACESCAM se adeuda todo el aĂąo 2012 y prĂĄcticamente todo el aĂąo 2011 y aunque en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores se saldĂł el dinero adeudado en 2011, aĂşn estĂĄn pendientes los importes de los convenios locales.

En cuanto a la RegiĂłn de Murcia, debe al Tercer Sector que gestiona las residencias hasta 3 millones de euros, la AdministraciĂłn paga a 90 dĂ­as, se estĂĄn produciendo retrasos en el pago de proveedores y en las nĂłminas, se da la imposibilidad de abonar horas extra a los trabajadores y las entidades estĂĄn recurriendo a pĂłlizas de crĂŠdito para encontrar financiaciĂłn.

La federaciĂłn, que reĂşne 900 empresas en toda EspaĂąa que atienden diariamente a unos 70.000 mayores, denuncia que, en general, estĂĄ padeciendo retrasos en el pago de las plazas y los servicios concertados con "importantes acumulaciones de deuda que ponen en riesgo la viabilidad de los centros", mientras los gobiernos autonĂłmicos rebajan los precios de los conciertos sin rebajar en paralelo las exigencias de personal y servicios.

AdemĂĄs, afirma que las evaluaciones de los niveles de dependencia de los usuarios se estĂĄn realizando a la baja, lo que genera un desajuste deficitario entre la dependencia reconocida y la atenciĂłn requerida finalmente por el usuario en la dependencia. En esta lĂ­nea, aseguran que no existe reevaluaciĂłn de los usuarios, que avanzan naturalmente hacia mayores niveles de dependencia y cuyas necesidades de atenciĂłn deben ser asumidas por el centro.

El informe apunta tambiĂŠn que las plazas concertadas no se cubren pero se mantiene los niveles de exigencia, lo que supone un gasto desaprovechado porque las administraciones deben abonar en ocasiones la cuota de reserva de plaza y un coste inncecesario para las residencias, que deben mantener el personal y los servicios para responder a unas plazas que quedan vacantes.