Salamanca ha registrado 32 solicitudes de protección internacional en 2015

La Oficina de Extranjería de Salamanca está ubicada la subdelegación del Gobierno, en la Gran Vía

Los expedientes se abren en la Comisaría de Policía y después han de pasar una serie de trámites que acaban en el Ministerio de Interior, que es el competente para conceder o no el estatuto de refugiado en un plazo no superior a seis meses. 

La Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca ha tramitado en 2015 más de treinta solicitudes de protección internacional, un total de 32 , ya sean de derecho de asilo o refugio o de protección subsidiaria. No obstante, hay que tener en cuenta que estos expedientes no corresponde necesariamente con 32 personas, puesto que una persona puede dar lugar a varios documentos en función de los plazos que se le concedan para la resolución o la renovación del expediente.

 

Los meses con más solicitudes fueron mayo, junio, agosto y noviembre, especialmente este último en el que se abrieron 10 expedientes de protección internacional, porque, según ha podido saber Tribuna de Salamanca, se presentaron las peticiones de varias familias, de origen ucraniano y sirio.

 

Las solicitudes de protección internacional, en Salamanca, solo se pueden presentar en la Comisaria de Policía, donde la Brigada de Extranjería se encarga de realizar las gestiones iniciales que requieren la solicitud del interesado y una primera entrevista para conocer su situación. El Régimen de Protección Internacional lo puede solicitar cualquier persona que considere que está siendo perseguida conforme a los establecido en la convención de Ginebra de 1951 que regula lo que se entiende por refugiado, atendiendo a criterios de persecución por raza, cultura, genero o religión, entre otros conceptos.

 

¿Qué se entiende por derecho de asilo y protección subsidiaria?

 

Según el Ministerio de Interior, “se concede el derecho de asilo a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, a toda persona huye de su país por temor a ser “perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual…, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad, por los mismos motivos se encuentra fuera del último país en el que residía.

 

En cuanto al derecho a la protección subsidiaria va destinado a extranjeros que no reúnen los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero sí existen motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen o de residencia habitual, se enfrentarían a un riesgo real.

 

¿Dónde y cuándo se puede pedir el estatuto de refugiado?

 

El estatuto de refugiado o la protección subsidiaria se puede pedir en cualquier momento desde que se produce la entrada en el país. Es posible iniciar el papeleo en la frontera de acceso al país, en los Cie (Centro de Internamiento de Extranjeros), en la OAR (Oficina de Asilo y Refugio, ubicada en Madrid), o en las comisarías de cualquier ciudad.

 

Una vez abierto el expediente en cualquiera de estos puntos, la solicitud se instruye en la OAR, lo que conlleva que los técnicos y funcionaros investiguen la situación del solicitante, las características generales y particulares del país de procedencia y las pruebas que esgrime para explicar la imposibilidad de vivir en él. Al final del proceso, en el que pueden realizarse varias entrevistas al solicitante, la OAR hace una recomendación a la CIAR, Comisión interministerial de Asilio y Refugio. Esta comisión está compuesta por distintos ministerios y en ella se revisa el expediente y se hace una propuesta al Ministerio de Interior, quien en última instancia es el competente para resolver el expediente.

 

Mientras se tramita la documentación, el solicitante recibe un justificante, lo que ya le permite acceder a asistencia sanitaria y una serie de ayudas, según informan fuentes jurídicas. Si este expediente se admite a trámite en el OAR, lo que ocurre casi en el 100 por cien de los casos y puede tardar entre uno y tres meses, el solicitante recibe una tarjeta, la denominada ‘tarjeta roja’, con un NIE, que significa que se está estudiando el caso y está en régimen de solicitantes de protección internacional. Cuando pasan seis meses desde que se hizo la solicitud, como explican las mismas fuentes, pueden recibir autorización para trabajar, lo que queda recogido en la ‘tarjeta roja’. No obstante, la ley establece que la solicitud se debe resolver en seis meses, o en tres por procedimiento urgente, aunque en ocasiones puede prolongarse mediante renovaciones de la solicitud u otros mecanismos oficiales.