Revisión completa de planos y licencias para calcular la edificabilidad real de El Corte Inglés

Los técnicos municipales y los arquitectos que han hecho el estudio de la oposición se reunirán para hacer un cálculo pormenorizado de las superficies edificadas para averiguar si hay o no exceso de edificabilidad, y cuánto.

"Estamos todos de acuerdo en que hay que restaurar la legalidad, pero poco más". Así se podría resumir la reunión que el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición han tenido durante la tarde de este miércoles en torno a la solución para el embrollo de El Corte Inglés. El problema, ya conocido, que la justicia ha anulado tanto el planeamiento urbanístico del sector donde se asienta su edificio como las licencias de obras y apertura que pasado equipos de Gobierno del Ayuntamiento le dieron sobre esta base, lo que deja al centro comercial en situación de ilegalidad. Todo ello, corroborado por numerosas sentencias que, casi desde el primer día en 2007, han ido advirtiendo al Ayuntamiento que lo que hacía no era correcto.

 

La reunión ha sido maratoniana, ya que arrancó a las 17.30 y hasta pasada las 21.00 horas el equipo de Gobierno no ha dado 'señales' de vida más que en una nota de prensa que aclaraba poco de lo ocurrido. Sin embargo, sí que ha habido novedades. La fundamental tiene que ver con la presencia de los técnicos que defienden los respectivos informes del gobierno de Fernández Mañueco y de la oposición; informes contradictorios en lo fundamental, el cálculo de lo que el Ayuntamiento le permitió edificar a la sociedad de los grandes almacenes. El 'careo' entre las dos partes ha servido para un primer avance.

 

A partir del próximo viernes se reunirán los arquitectos del patronato municipal y los técnicos del informe de la oposición para estudiar a fondo los documentos urbanísticos correspondientes, fundamentalmente los expedientes de las licencias y los planos. Es ahí donde se especifica cuánto se puede construir, qué computa y qué no como edificado, y donde se espera arrojar luz sobre esta cuestión. Se trata de comprobar de manera fehaciente cuántos son los metros edificados y poder averiguar si existe exceso de edificabilidad: la oposición dice que son 21.650 metros de exceso y el equipo de Gobierno, que nada.

 

Sobre la base de los metros concedidos, saber si hubo exceso o no servirá para aclarar si es necesario equilibrar la situación y a quién corresponde hacerlo, y cómo. Por ahí va la solución que plantea la oposición, que es la de que se aporten otros terrenos para dotar de la edificabilidad que falta al sector y poder cumplir la legalidad. La oposición, además, se ha ratificado en su postura común: consideran que la solución es reconocer que todo ha sido anulado, hacer una modificación puntual que parta de que el suelo es de tipo no consolidado, equilibrar el exeso de edificabilidad y pactar compensaciones.

 

Después, se podrá hablar de qué medidas hay que tomar para equilibrar la situación. El equipo de Gobierno ha planteado la posibilidad de cambiar los términos de la modificación puntual que se aprobó inicialmente en 2014,, modificando algunos aspectos, pero siempre sobre la base de que es suelo consolidado, lo que legalizaría directamente lo que se ha hecho. A lo que la oposición ha planteado que se estudie el uso de esa modificación puntual de finales de 2014, pero partiendo de que es suelo no consolidado, lo que obligaría a un cálculo diferente.

 

Después, el objetivo es encontrar un encaje para devolver el sector y el centro comercial a la legalidad urbanística que todos los grupos, también el PP, reconocen que ahora no tiene en ningún aspecto ya que se han anulado tanto la ordenación urbanística hecha para el centro comercial como las licencias de obra y apertura. La oposición le ha recordado al PP que, casi nada más abrir el centro comercial, se produjeron las primeras sentencias en contra. Y aunque el equipo de Gobierno ha sacado el 'fantasma' del cierre, la oposición ha replicado que eso es sólo responsabilidad de quien gobernaba porque desde 2007 se sabe que el plan urbanístico tenía visos de ilegalidad y desde entonces se han sucedido las sentencias en contra.