Recurso de alzada ante la Generalitat para recuperar “los papeles de Salamanca”

El grupo de profesionales encabezado por Policarpo Sánchez han dado este “último paso” antes de llevar al juzgado el caso del Archivo de Salamanca.

El investigador Policarpo Sánchez, mediante su abogado, Ernesto Tomé, ha presentado ante el Consejero de Cultura del Gobierno Autonómico de Cataluña un recurso de alzada contra el “silencio administrativo” de la Generalitat.

 

Este silencio se ha producido después de que el equipo de investigadores, archiveros, historiadores y juristas que encabeza Policarpo Sánchez hayan recibido la callada por respuesta ante la solicitud que presentaron el pasado 12 de febrero de 2013, y en el que pedían la devolución a Salamanca de la documentación recibida por la Generalitat entre los años 2006 y 2011.

 

Este equipo considera que el Gobierno regional de Cataluña ha mostrado un “desprecio absoluto a la confianza legítima de los ciudadanos en ver atendidas sus solicitudes y obtener una respuesta a las mismas, positiva o negativa, pero fundada en Derecho”. Además, aseguran que “El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña se burla de la Ley y de la Sentencia del Tribunal Constitucional también en el caso de las digitalizaciones que debieron depositarse en Salamanca, como condición previa al traslado de los documentos”.

 

En el recurso de alzada presentado el equipo apela a la “solidez” de sus argumentos, y aseguran que no existen razones jurídicas para no admitirlo. En concreto, se solicita a la Consejería de Cultura de la Generalidad de Cataluña lo siguiente:

 

 

I.- Se proceda a la inmediata devolución al Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca (Centro Documental de la Memoria Histórica), de todos los documentos, fondos documentales y otros efectos transferidos a la Generalidad de Cataluña que no hayan sido incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña.

 

II.- Se proceda a la inmediata devolución al Archivo General de la Guerra Civil de todos los documentos, fondos documentales y otros efectos transferidos a la Generalidad de Cataluña cuyo acto de identificación no haya sido notificado a quienes pudieran ser los legítimos titulares o sus sucesores.

 

III.- Se proceda a la inmediata devolución al Archivo General de la Guerra Civil de todos los documentos, fondos documentales y otros efectos transferidos a la Generalidad de Cataluña que, habiéndose notificado su identificación a quienes pudieran ser los legítimos titulares o sus sucesores, estos no hayan ejercido el derecho a su restitución en el plazo legalmente establecido.

 

IV.- Se proceda a la inmediata devolución al Archivo General de la Guerra Civil de todos los documentos, fondos documentales y otros efectos transferidos a la Generalidad de Cataluña cuya titularidad no haya podido ser acreditada.

 

V.- Se proceda a la inmediata devolución al Archivo General de la Guerra Civil de todos los documentos, fondos documentales y otros efectos transferidos a la Generalidad de Cataluña y que hayan sido entregados a personas físicas o jurídicas que no guardan relación alguna con los propietarios originarios o sus sucesores.

 

VI.- Se nos entregue copia, debidamente autenticada, de las actas de entrega de documentos y otros efectos a quienes hayan acreditado ser sus legítimos titulares, o sus sucesores, debiéndose contener la identificación de los documentos o efectos entregados, con la signatura conforme a las relaciones que constan en los documentos adjuntos a nuestra solicitud de 12 de Febrero de 2013, así como identificación de la persona o personas a quien se les hace entrega de los mismos.

 

VII.- Que, previos los trámites que sean necesarios, se trasladen al Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca (Centro Documental de la Memoria Histórica), todos aquellos documentos y demás efectos que, cumpliendo los requisitos para su restitución a terceros, no hayan sido digitalizados en su integridad, a fin de que quede depositada en el Archivo una copia auténtica, en los términos previstos legalmente.

 

Finalmente, se advierte que, si en el plazo de dos meses no son atendidas estas reclamaciones, emprenderán acciones judiciales contras la Generalitat de Cataluña.