Rechazo de los profesionales salmantinos a las Unidades de Gestión Clínica

La Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca sostiene que se trata de "una legislación que atenta y pone en duda sus derechos laborales", al tiempo que rebaja los estándares de calidad de la asistencia pública.

Ante la decisión de la Consejería de Sanidad de implantación en el Complejo Asistencial de Salamanca de Unidades de Gestión Clínica, la Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca como máximo órgano de representación de los trabajadores se ve obligada a salir en defensa de sus derechos, así como en el de los usuarios del Sistema Sanitario Público.

 

La Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca manifiesta:

 

-Su oposición a la implantación de las Unidades de Gestión Clínica planteadas en esta Área de Salud y en el resto de la Comunidad.

 

-Su oposición a la incertidumbre que provoca en los trabajadores de la sanidad publica una legislación que atenta y pone en duda sus derechos laborales.

 

-Su oposición a una rebaja en los estándares de calidad de la asistencia sanitaria pública en aras de un "enriquecimiento" de los gestores.

 

-Su oposición a la privatización de la Gestión de los servicios públicos de salud.

 

Todo esto se ha plasmado en un escrito que se ha registrado y remitido a la Gerente del Complejo Asistencial de Salamanca después de solicitarle información sobre la implantación la UGC en el hospital.

 

Creemos que el modelo  de las UGC, es una vía de ruptura con los marcos actuales de Gestión y Provisión de Servicios Sanitarios abriendo la puerta a la privatización a la vez que implica una ruptura de los marcos laborales y de negociación y participación sindical, quedando los trabajadores en una situación de desprotección llamativa.

 

Se da por hecho que disminuye la calidad de la asistencia, ya que según se plasma en el Decreto  "en ningún caso, su creación supondrá incremento de puestos de trabajo". Esto significa que aunque aumente la carga asistencial no  aumentarán los profesionales por lo que queda constatado que la calidad asistencial no se considera importante.

 

El Director  de la UGC, es una figura a la que se le atribuyen muchas funciones y mucho poder, y practicamente todas las decisiones las toma él, ya que también  preside los Comités Clínicos.

 

Entre ellas se encuentran:

 

-Proponer los planes individuales de trabajo de cada uno de los miembros de la U.G.C, esto podría suponer una invasión de las competencias de algunos  profesionales de la U.G.C. por parte del director de la misma.

 

-Proponer la cobertura temporal de puestos: qué puestos se cubren y quién los cubre; previo análisis y valoración por el Comité Clínico (que está presidido por el director de la Unidad).

 

-Gestionar los recursos económicos, (el director determina qué aspectos tienen prioridad en gasto).

 

-Proponer relaciones de colaboración con otras Unidades, Áreas o servicios, con el fin de mejorar la efectividad y la eficacia. Ésto plantea la duda de si en estas relaciones puede haber intercambio y/o movilidad de profesionales (“Se podría propiciar una movilidad forzosa encubierta.”)

 

Son muchas las incertidumbres  que se plantean:

 

-¿Qué va a pasar con los profesionales sanitarios que no quieran incorporarse en las Unidades de Gestión Clínica? No se sabe si se quedarán allí, ya que el Decreto lo plantea como una decisión voluntaria, o se les obligará indirectamente a irse a otras unidades y más teniendo en cuenta la vulnerabilidad laboral  del elevado número de interinos existente.

 

-¿Qué importancia va a tener la calidad asistencial cuando tengo que gastar cada vez menos?

 

-¿Habrá una selección de pacientes o selección de  medidas diagnosticas o de tratamientos que lleven a una mayor rentabilidad de la Unidad?

 

El ahorro y el no aumento en el personal de la unidad, no contemplado en ningún caso, nos hace pensar que claramente este modelo de gestión va en detrimento dela calidad que se presta a los pacientes.

 

No hay cabida a más experimentos porque experiencias piloto que ya se han llevado a cabo, avalan que estas Unidades de Gestión sólo empeoran las condiciones laborales de los profesionales y abren la puerta a la privatización.