Rebajan a 15 años la pena para el acusado de matar al chatarrero

Segunda sesión. Los forenses descartan que el imputado tenga algún trastorno mental. Conclusiones. Las cuatro acusaciones particulares mantienen la petición de 22 años de prisión por un asesinato
E. G.

En la segunda y última sesión del juicio contra F. S. J., acusado de acabar presuntamente con la vida de Alejandro Guerra Alonso, el Ministerio Público rebajó la pena de 20 a 15 años de prisión, al modificar el delito de asesinato con alevosía por un delito de homicidio con abuso de superioridad, por el que solicitó 14 años de cárcel y un año más por un delito de tenencia ilícita de armas. Además de 200 euros de multa por dar una bofetada a la mujer de la víctima.

Las cuatro acusaciones particulares, que representan a la viuda y sus hijos, mantuvieron sus conclusiones, solicitando 20 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía y dos años más por la tenencia ilícita de armas. Por su parte, la defensa mantuvo su petición de 10 años de cárcel por el delito de homicidio y un año por el de tenencia ilícita de armas.

La segunda y última sesión de la vista oral comenzó con la declaración de los médicos forenses encargados de la realización de la autopsia. Revelaron que la víctima presentaba heridas causadas con un arma de fuego, con dos trayectorias producidas por dos balas –que entraron por el mismo orificio al tratarse de un disparo rápido–, que alcanzaron el pulmón y el corazón, produciéndose una hemorragia que provocó la muerte rápida.

Respecto a la posición del agresor en el momento de disparar a la víctima, los médicos forenses indicaron que estaba situado a la derecha de la víctima, y ésta tenía el brazo derecho levantado “para defenderse de un peligro”, puntualizaron.

Estos expertos indicaron también que el imputado, pese a tener un aprendizaje escolar mínimo –señaló que no fue a la escuela y no sabe ni leer ni escribir– “es una persona que se desenvuelve perfectamente” y que “tiene inteligencia para gestionar su vida y tener dependencia”.

Por último, señalaron que el acusado carece de cualquier patología psiquiátrica, que le pudiera haber llevado a cometer los actos de manera impulsiva. Conocía perfectamente que el hecho que iba a cometer es un delito.

Los peritos expertos en balística señalaron durante su intervención que con el arma empleada “perfectamente puede producirse la muerte de una persona”, ya que este tipo de armas son “efectivas hasta distancias máximas de 25 metros”. El hecho de que en la camisa de la víctima se encontraran huellas de gases de plomo, antimonio, etc. significa que “el disparo se efectuó a una distancia corta, entre dos y cinco metros”.

Por último detallaron que el arma utilizada para cometer el crimen “no está prohibida, sino reglamentada, por lo que hay que tener licencia para utilizarla”.

En sus conclusiones finales, el Ministerio Público aseguró que el motivo de reducir la pena de asesinato a homicidio se debe a que “no está suficientemente probada la alevosía”. Alegó que “existe alguna posibilidad de defensa, aunque sea pequeña”, ya que la agresión se hizo “frente a frente, hubo enfrentamiento y la víctima levantó el brazo”, son pequeños indicios, según la Fiscalía, para alegar que la víctima pudo defenderse.

Mantuvo que pese a tratarse de una persona con pocos conocimientos, sin escolarizar, no concurren las circunstancias atenuantes ni la eximente incompleta para determinar que se trata de una persona que tiene un trastorno mental que le impide comprender lo que hizo. Ni tampoco concurre la atenuante de arrebato, ya que el acusado no se dedicaba a la chatarra –fue afilador, tiene 14 detenciones por robo y había salido dos meses antes de la cárcel–, ni vivía de ella, por lo que no se puede decir que agredió a un compañero del gremio “porque le iba la vida económica en ello”.

Por último, aseguró a los miembros del jurado popular que el acusado tenía intención de matar a Alejandro Guerra, ya que empleó un arma a una distancia corta, en la que “no es casualidad acertar” con el disparo.

Las cuatro acusaciones particulares mantuvieron que había alevosía y, por tanto, asesinato, ya que la víctima “no tuvo posibilidad de defensa”.