PSOE y PP no logran cerrar un acuerdo en la FEMP sobre el nuevo papel que tendrán las diputaciones provinciales

Los socialistas pretenden que se limiten en exclusiva a dar servicios a municipios pequeños y los populares quieren ampliar sus competencias

PSOE y PP no han logrado cerrar en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un acuerdo sobre el papel que deberán tener las diputaciones provinciales en el nuevo mapa competencial en el que se está trabajando para racionalizar la administración pública, y han remitido dos textos alternativos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como base para poner en marcha las negociaciones.

La FEMP ha estudiado durante las últimas semanas las "disfunciones" que se dan en el actual reparto competencial y por las que los ayuntamientos asumen la prestación de muchos servicios sin tener financiación para ello, según ha explicado a Europa Press el presidente de la Federación, Juan Ignacio Zoido.

Como consecuencia de este trabajo, la Federación redactó un documento con sus propuestas que remitió al Ministerio de Hacienda, con cuyos responsables tendrá un primer encuentro próximamente para empezar a estudiar el asunto y tratar de cerrar un reparto de competencias claro que determine qué servicios debe prestar cada administración.

En el documento se propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.

Sin embargo, la Federación remitió al ministro Cristóbal Montoro dos textos diferentes en el apartado que aborda el papel que deben jugar las diputaciones provinciales, dado que PSOE y PP no comparten la misma visión sobre el asunto.

El PSOE propone que las diputaciones se limiten a prestar los servicios que no puedan dar los municipios de menos de 20.000 habitantes, mientras que el sector liderado por los 'populares' considera que deben centrarse "preferentemente" en estas corporaciones locales pequeñas, pero no con exclusividad.

Zoido ha dejado claro que esta discrepancia no resta valor al estudio realizado por la FEMP, que tan sólo es "un embrión" para empezar a trabajar y tratar de terminar con el "sobrecoste, solapamientos y duplicidades" que se dan en la actualidad.

Según ha explicado, la propuesta de que las diputaciones o cabildos puedan asumir las funciones de los municipios pequeños sólo busca garantizar la prestación de determinados servicios "inasumibles" de manera individual por ayuntamientos con pocos habitantes, como por ejemplo los relativos a la extinción de incendios, recogida de basuras o suministro de agua.

En este sentido, se ha mostrado contrario a la supresión de las diputaciones, como sostienen algunas formaciones, y ha insistido en la necesidad de "racionalizar" sus funciones para concentrar sus actividades "en aquellos municipios que más las necesitan". "No tiene razón de ser que desaparezcan las diputaciones", ha zanjado.

A su juicio, en este debate "lo fundamental" es clarificar el reparto de competencias y determinar a qué institución corresponde la prestación de cada uno de los servicios, siempre con los criterios de "racionalización de las prestaciones y gastos".

Y todo ello debe hacerse aprovechando el debate abierto en la actual situación de crisis económica para resolver "de una vez" el problema del municipalismo y evitar la actual "pérdida de gasto y eficacia" como consecuencia de las duplicidades. "Hay que saber rentabilizar hasta el último euro, no estamos para despilfarrar sino para saber organizar muy bien nuestro Estado", considera.

Deuda desorbitada de algunos municipios
La situación económica es precisamente la causante de que muchos municipios no hayan podido acogerse al plan de pago a proveedores ofrecido por el Gobierno, ya que su situación financiera es tan precaria que no podrían ajustar su deuda "ni en cien años de plan de pago", según ha revelado Zoido.

Aunque el alcalde de Sevilla no ha querido abordar la posibilidad de que estos ayuntamientos tengan que ser intervenidos, ha explicado que la FEMP quiere abrir una "vía de negociación" con el Ministerio de Hacienda para estudiar "medidas excepcionales" que partan "del consenso y las particularidades" de cada caso.

Pero además, es partidario de que asuman responsabilidades los responsables políticos que hayan dejado a sus instituciones con deudas "desorbitadas". "No puede ser que hayan quedado municipios en ruina y quienes son los causantes de esa situación no tengan ninguna responsabilidad --ha insistido--. Esa circunstancia no puede volver a repetirse, no puede quedarse en el mero hecho de la responsabilidad política".

En total son más de 2.000 municipios los que no se han acogido al plan de pago a proveedores. A los que no han podido hacerlo por su situación económica se suman aquellos muy pequeños que no cuentan con los técnicos precisos para hacerlo y los que no han sumado mayoría suficiente en sus plenos para aprobar los necesarios planes de ajuste.

Para estas corporaciones la FEMP también tratará de acordar una salida con el Ministerio de Hacienda, ya sea ayudándoles con la documentación necesaria para acogerse al plan o mediante un sistema de arbitraje para los que no cuenten con mayoría para aprobarlo.