Policarpo Sánchez de la Iglesia anuncia medidas legales para que se devuelvan los documentos y se respete estrictamente la Ley

Imagen del investigador salmantino Policarpo Sánchez en una comparecencia anterior (Foto: I. C.)

El investigador Policarpo Sánchez de la Iglesia ha anunciado que emprenderá medidas legales para que la Generalitat devuelva al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca  los documentos "que recibió ilegalmente". Toma esta decisión una vez conocida la Sentencia del Tribunal Constitucional.

El investigador Policarpo Sánchez de la Iglesia ha emitido un comunicado en el que anuncia su intención de emprender de inmediato acciones legales para que la Generalitat de Cataluña devuelva al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca "los documentos que recibió ilegalmente". Además apunta que "ha sido la prudencia por conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional lo que me ha hecho retrasar el inicio de las acciones anunciadas".

 

Según confirmaba a TRIBUNA su representante legal, el primer paso será iniciar el procedimiento por la vía administrativa o lo que viene a ser lo mismo, solicitar directamente a la Generalitat los documentos que se han entregado de manera incorrecta. En el caso de que la petición no sea atendida será cuando se inicie el procedimiento judicial, acudiendo a los Juzgados de lo Contencioso administrativo de Barcelona. 

 

Sánchez de la Iglesia solicitará además que se deposite en el Centro Documental de la Memoria HIstórica la copia o duplicado de los documentos cuya entrega a Cataluña acaba de ser avalada por el Tribunal Constitucional. Según comenta Policarpo las copias "se han hecho de forma parcial y aleatoria, incumpliendo la Ley". Tal y como comenta el letrado "la sentencia del Tribunal Constitucional avala la Ley pero entonces vamos a cumplirla en condiciones y los requisitos marcados por la Ley no se han seguido". 

 

También tiene prevista una tercera medida que es la de iniciar acciones legales contra futuras entregas de fondos documentales y otros efectos depositados en el Archivo General de la Guerra Civil Española que no se ajusten estrictamente al mandato legal. "En este caso, si se produjera una nueva salida masiva de documentos acudiríamos a la Audiencia Nacional", nos comenta el letrado. El temor es que una vez desestimado el recurso de insconstitucionalidad, la Generalitat aproveche para reclamar todos los documentos que quiera.

 

Pese a que el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de insconstitucionalidad de interpuesto por la Junta por el traslado de los papeles, el investigador insiste en su exhortación al Gobierno de la nación para que "en un ejercicio de coherencia y responsabilidad hacia el bien común, inicie el procedimiento legalmente establecido para su derogación". 

 

 

 

 

 

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