Piscinas, Multiusos y Aldehuela: casi 40 millones en conflicto por el control 'light' del Ayuntamiento

Los desperfectos y los retrasos ocasionados por una vigilancia poco exigente a las concesionarias tienen consecuencias millonarias, pero PP y C's insisten en un modelo de control limitado.

Desde que en el último pleno, el día 8 de abril, el PP se valiera de la abstención de Ciudadanos para rechazar una moción para hacer un control exhaustivo de los contratos municipales, el seguimiento que se hace del cumplimiento de las obras, del mantenimiento o de la calidad de los servicios está en el centro del debate. Y lo está porque la factura que paga cada año el Ayuntamiento con fondos municipales para sufragar obras y servicios de carácter público es muy grande y los casos en los que no se ha hecho un control adecuado, demasiados.

 

A día de hoy, el equipo de Gobierno se limita a llevar a comisión el pliego de condiciones de cada contrato y a gestionar la contratación, pero los mecanismos para controlar su ejecución han fallado o se han mostrado insuficientes. La labor del Ayuntamiento parece acabar en cuánto cobra de canon y paga por estos servicios, algo que se ha revelado como totalmente insuficiente. Ahí están los casos de La Aldehuela (29 millones entre obra y gestión), tres años de retraso y una 'traca final' con cambio de proyecto a última hora; las piscinas municipales, un agujero de 6,6 millones de euros por no exigir a la anterior concesionaria el mantenimiento; o el Multiusos, cuyo deterioro requiere una inversión de 2,2 millones de euros que el Ayuntamiento pretendía pagar de fondos municipales: la oposición lo paró, pero el coste saldrá de la merma del canon que se le vaya a cobrar a la futura concesionaria.

 

Está claro que las obligaciones de las concesionarias no terminan en firmar la obra o el contrato de gestión de instalaciones o servicios. No hay control sobre cuestiones como las obligaciones de mantenimiento, de conservar plantilla, de llevar a cabo inversiones o de cumplir simplemente con el trabajo encomendado o con las mejoras que ofrecen las concesionarias.

 

 

UNA FISCALIZACIÓN INSUFICIENTE

 

Los diez contratos más importantes en cuantía disfrutan a día de hoy de una fiscalización 'light' que se centra en la licitación del pliego de condiciones, la aprobación del contrato y las condiciones económicas. Muchos fueron, además, sospechosamente blindados antes de acabar la pasada legislatura. Poco más se mira en contratos como el del bus, firmado para 12 años por 144 millones de euros; el de las piscinas, que tiene un valor de 25 millones para la próxima década; el del agua, del que se ocupa Aqualia desde 1996 y que ha sido modificado para compensar a la empresa algunas cuestiones; o el de la ciudad deportiva de La Aldehuela, del que ahora se hace cargo una empresa ajena a la que realizó la reforma. 

 

Ganemos Salamanca, con el apoyo del PSOE, ha puesto sobre la mesa una propuesta para hacer un control férreo de lo que pasa con las competencias municipales que se ejercitan a través de empresas privadas a las que se concede la gestión.  Entre las medidas, plantean que las empresas informes trimestralmente de las labores de mantenimiento que hacen, para evitar un nuevo 'caso piscinas' u otro caso 'Multiusos'; que se controle periódicamente si ejercen con la plantilla que estipulan los pliegos de contratación, tanto en número como en estructura; o que aquellas que reciben ingresos por usuarios, como el bus urbano o La Aldehuela, den cuentas sobre lo que recaudan, algo importante porque muchas tienen subvencionada la prestación del servicio. También se introdujo la posibilidad de que los gerentes de las concesionarias tuvieran que pasar por comisión informativa en el Ayuntamiento para explicar cualquier situación si se les requería.

 

Sin embargo, esta pretensión fue 'tumbada' por el equipo de Gobierno con la cooperación de Ciudadanos, que asegura que no lo veía claro y que hace unos días ha presentado una propuesta de control mucho menos exigente. Según los primeros detalles, se controlaría una veintena de los contratos más importantes, seleccionados por cuantía, duración o posibles daños a los interes municipales, sobre los que se harían informes anuales.

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