Pedro Díaz, condenado en costas en su intento de tapar el 'caso Malotas'

Pedro Díaz, el día de su comparecencia en los juzgados por esta denuncia.

El presidente de La Gaceta pierde la demanda que puso contra la Cámara de Comercio y Confaes. La sentencia confirma que la nota difundida por las instituciones empresariales es "lícita" y "necesaria" para tener al corriente a los ciudadanos de una cuestión de "interés general" como la inversión de 3,5 millones públicos en un polígono privado.

El presidente de la empresa editora del periódico La Gaceta, Pedro Díaz, ha sido condenado a pagar las costas de la demanda que puso contra Confaes y la Cámara de Comercio tras dar a conocer estas dos instituciones sus intereses en el polígono de Las Malotas, donde el Ayuntamiento de Salamanca tenía intención de invertir 3,5 millones de euros de dinero público para desarrollar un proyecto de carácter privado. La sentencia considera lícito y necesario que las dos entidades empresariales demandadas informaran a través de una circular de este proyecto y del gasto público que iba a suponer cuando el 40% del espacio en polígonos de Salamanca está vacío.

 

Cámara y Confaes informaban en una circular interior difundida a sus asociados que detrás de esta operación estaba el presidente de la empresa editora de La Gaceta, Pedro Díaz, y empresarios relacionados con el 'caso Malaya'. Por este motivo, Díaz decidió denunciar a las dos instituciones por vulneración del honor, de la intimidad y de la propia imagen en las informaciones sobre el caso Malotas realizadas por los demandados para garantizar la transparencia y libertad informativa.

 

El caso se vio el pasado mes de junio y acudieron a declarar no solo representantes de Confaes y Cámara y el denunciante Pedro Díaz. El empresario llevó a los juzgados al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y a diversos cargos y técnicos del Ayuntamiento de Salamanca para que declararan sobre los términos del proyecto. Fernández Mañueco declaró el día 10 de junio, el mismo día en que lo hizo también Pedro Díaz, que solicitó su comparecencia para reforzar su demanda.

 

Ahora se conoce la sentencia en la que el juzgado descarta no solo que se haya producido vulneración del honor o la intimidad de Pedro Díaz, sino que la información contenida en las circulares con las que Confaes y Cámara de Comercio han denunciado este proyecto no es ofensiva, es de interés público, su difusión es lícita y necesaria y atiende a la libertad de expresión. Segú la sentencia, “No se contiene en la nota informativa ninguna expresión ofensiva que ataque el honor y por supuesto no se hace mención alguna a la esfera íntima de Pedro Díaz y, en su caso, las opiniones vertidas son en defensa de intereses generales, que se ven afectadas en materia de urbanismo y quedan amparadas por la libertad de expresión y libertad de información”.

 

El texto de la sentencia asegura que “La información objeto de controversia tiene relevancia pública e interés general y no cabe duda acerca de ello, en grado muy singular, puesto que afecta a una cuestión de gran relevancia política, social y económica, como es el respeto por los partidos políticos y empresarios promotores a las reglas de planeamiento a la adecuación de la política urbanística al bien común y a los principios de buen gobierno (entre ellos especialmente el de transparencia) en relación con los beneficios económicos obtenidos mediante la construcción" del nuevo polígono.

 

La sentencia continúa diciendo que en las circulares difundidas por Confaes y Cámara “se realiza una crítica a la política en materia de urbanismo y tal actuación no solo es lícita, sino  necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gobiernan  los asuntos públicos y en este sentido es natural que no solo resulten afectados los que ejercen el gobierno, sino también todas las personas relacionadas de una u otra manera” con la citada actividad.

 

Y termina diciendo que las informaciones elaboradas por Confaes y Cámara son de interés público “En la medida en que se denuncian posibles irregularidades en la ordenación y control del cumplimiento normativo hace que la difusión de esta información no solo es necesaria sino obligatoria, de tal forma que los límites de la libertad de expresión se amplían”.

 

El denominado caso 'Malotas' estalló en mayo de 2013 cuando se aprueba una inversión de 3,5 millones de euros para poner en marcha el parque industrial que Fernández Mañueco incluyó en su programa electoral de las municipales de 2011. Sin embargo, el nuevo polígono, que recibe ese nombre por el sector en el que se asienta, es una iniciativa privada, está parado por falta de demanda de suelo industrial y detrás de ella están, entre otros, empresas del presidente de La Gaceta Regional, Pedro Díaz, o de un investigado en el caso 'Malaya', dueños de varias de las parcelas en que se divide el terreno del proyectado polígono.

 

A pesar de ello, el Ayuntamiento de Salamanca dio todos los pasos previos para poder llevarlo a cabo, entre ellas, cambios en los estatutos del patronato municipal de la vivienda para que pudiera acometer la ejecución de polígonos industriales y la reserva de una importante partida económica de este patronato, destinado a la promoción de vivienda de protección oficial, para el proyecto.

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