Partidos y sindicatos lamentan el daño causado a la institución por Iglesias y Ortiz

Sindicatos, Izquierda Unida y UPyD lamentan que Javier Iglesias y Jesús María Ortiz no hayan dado todavía explicaciones y que haya tenido que ser ante el juez donde hayan respondido por primera vez.

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Domingo Benito, considera que "el presidente de la Diputación comete un error al no ofrecer ningún tipo de explicación, salvo en sede judicial. Y no va más allá de decir que todo es un infundio". "Y luego están las teorías de la conspiración de Alfonso Fernández Mañueco, que no sabemos si este fin de semana ha comido con Aznar para salir con eso de las autorías intelectuales de las querellas", ha añadido Benito, que lamenta que "es muy negativo para las instituciones a las que representa".

 

El coordinador provincial de IU, Domingo Benito.

 

El secretario provincial de CCOO, Emilio Pérez, asegura que en este caso van a respetar la máxima de la organización sindical, "dejar actuar a la justicia, siendo conscientes de la gravedad de los hechos que se imputan". "Creemos que, cuando la querella se ha admitido a trámite, es que hay alguna base", apunta Pérez, que añade que los despidos que están en el origen del caso "fueron recurridos todos como improcedentes y me consta que se indemnizó con dinero público", algo que según él "dice mucho del menosprecio a los principios de transparencia e igualdad en las contrataciones". "El juez valorará si, por muy presidente de la Diputación que se sea, hay que cumplir con la ley y que no se puede hacer el mal uso que se hace del dinero público".

 

Por su parte, el secretario provincial de UGT, José Luis Rivas, está por respetar la presunción de inocencia, "pero si se demuestra que son culpables, que lo paguen". "Ya se declararon improcedentes todos los despidos y, en vez de retractarse y readmitir, cogieron dinero de todos para pagar", recuerda Rivas en referencia a los despidos de personal para colocar a afines al PP, base de la querella. "Si han cometido delito, cese  o dimisión", concluye.

 

Desde UPyD de Salamanca, su responsable Óscar Sánchez considera que "desde el punto de vista judicial, toca esperar". Otra cosa es la valoración política del asunto que afecta a la Diputación "un fósil político que cuesta mucho dinero", aunque incide en que sus integrantes políticos "no son elegidos por los ciudadanos" y que es una institución "que ha sido fuente de clientelismo y amiguismo habitualmente, su funcionamiento invita a prácticas como las que se se juzgan en este caso".