Oposición y sindicatos denuncian la quiebra del pacto por el empleo en los servicios municipales de Mañueco

Acto de firma del protocolo por el empleo en servicios públicos del Ayuntamiento de Salamanca.

UGT y PSOE denuncian que una de las empresas concesionarias del servicio de arreglo de calles no ha respetado el pacto para mantener plantillas en número  y condiciones, aunque el alcalde se comprometió a ello. Piden que se sancione a la empresa.

UN CONTRATO DE 14,4 MILLONES POR EL QUE PUJARON 23 EMPRESAS

 

El contrato de conservación y renovación de los pavimientos viarios ha sido uno de los más competidos de los últimos años. Cuando se abrió el pliego, a principios del año pasado, se presentaron un total de 23 empresas, entre las que se encontraban algunas de las más solventes de Castilla y León en construcción y obra pública.

 

El contrato se adjudicó el día 26 de abril por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con mayoría del PP, a la  UTE de Gecocsa y Aceinsa. El valor del contrato es de 14,4 millones de euros por cuatro años, y la prórroga de dos años máximo. La UTE ganadora ofreció bajas de entre el 22 y el 49,97%.

El protocolo para el mantenimiento del empleo en los servicios municipales, uno de los acuerdos estrella del alcalde Fernández Mañueco, estaría en quiebra una vez que una de las empresas que rubricó el documento habría incumplido las condiciones. Una situación que hace temer a UGT y PSOE, quienes han denunciado la situación, que el convenio alcanzado en diciembre de 2012 ha sido una maniobra de imagen del alcalde que ha roto precisamente Aceinsa, una de las empresas que más contratos se ha adjudicado en los últimos tres años y que ha protagonizado algunas de las bajas más notables.

 

El origen de la denuncia está en la plantilla que se hace cargo de la concesión de la conservación y renovación de los viales de la capital, es decir, el arreglo de las calles. Según el pliego de condiciones, la empresa adjudicataria, una UTE entre Gecocsa y Aceinsa, se tenía que comprometer a la estabilidad en el empleo; esto supone que se obligaba a mantener los 29 empleos con que recibía la contrata. Pero lo establecido no es solo que se conserve el mismo número de puestos, sino que tenía que ser en condiciones análogas a las que tenían.

 

Por este motivo, y para evitar malas prácticas, en los artículos 18 y 19 del contrato constaba que la empresa antes mencionada se comprometía a una serie de obligaciones entre las que se encontraban la subrogación del personal que se encontraba relacionado en uno de los anexos de dicho contrato, tanto en el número como en la categoría profesional, además del mantenimiento de la antigüedad, del salario y las cotizaciones marcadas y fijadas, junto a la obligatoriedad de emitir facturas  con el coste fijo de la mano de obra. No se trata, por tanto, de mantener puestos de trabajo con nombres y apellidos, sino de que no se cambien jornadas completas por medias jornadas o que se reduzca el coste de la plantilla.

 

Este es el extremo que se habría incumplido. Según los representantes sindicales de UGT, la empresa habría despedido en primer lugar a cuatro personas para, posteriormente, ocupar sus puestos con otros cuatro empleados a los que, según el sindicato, se ha hecho con contratos temporales en lugar de indefinidos y con la imposición de una disminución de las retribuciones, caso de la eliminación de un complemento salarial que habían venido percibiendo. Además, el PSOE añade que ni siquiera se habría llegado a reintegrar esos cuatro integrantes a la plantilla y que se habrían firmado contratos a tiempo parcial en la plantilla.

 

En  la tarde de ayer, el Ayuntamiento de Salamanca emitió una nota de prensa en la que aseguraba que había pedido información a la concesionaria y esta le había remitido datos que demuestran que mantienen el empleo y que los costes salariales están por encima de lo firmado; por su parte, UGT asegura que fue el sindicato quien requirió información al Ayuntamiento al conocer el incumplimiento; y el PSOE asegura que, según información del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la concesionaria no contaría actualmente con el número de trabajadores acordado.

 

De este modo, la concesionaria habría roto el pacto por el empleo, bandera de Fernández Mañueco en materia de servicios públicos, y que rubricó con presencia tanto de empresas concesionarias como de representantes sindicales. En su día, diciembre de 2012, el alcalde explicó que las empresas y representantes de los trabajadores se comprometían con este pacto a “mantener la plantilla de trabajadores vinculada a los servicios municipales sin que pueda experimentar reducción ni en número de trabajadores ni en dedicación respecto a las vigentes actualmente”. Aceinsa es una de las empresas que firmó el pacto, tras incorporarse como concesionaria, acuerdo con el que el Ayuntamiento aseguró se preservaban hasta 1.500 puestos de trabajo de servicios municipales en manos de empresas privadas.

 

Sin embargo, la concesionaria habría incumplido el pacto al reducir el número de trabajadores que se había comprometido a mantener y, por otro lado, cambiando sus condiciones laborales, lo que redundaría en una reducción de los costes salariales de la plantilla. Este ahorro es importante porque la adjudicataria se hizo en su día con el contrato con unas bajas importantes, de entre el 22 y el 50% sobre los precios del pliego; eso significa que hizo lo que se denominan bajas temerarias, es decir, rebajar el precio por debajo de un nivel (que suele rondar el 15-20%) al que se supone que un contrato público sería deficitario, lo que es ilegal.

 

UGT y PSOE temen que la empresa adjudicataria estaría buscando el margen económico del contrato abaratando los costes salariales, ya que una vez ofertada una cantidad, muy a la baja como se ha dicho, no podría exigir un pago mayor. El secretario provincial de UGT, José Luis Hernández Rivas, ha apuntado que la empresa presentó una oferta para obtener la concesión “a la baja” y ahora “quiere sacar el beneficio empresarial de los salarios de los trabajadores”.

 

EXIGEN QUE SE TOMEN MEDIDAS

 

Ante esta tesitura, el PSOE ha pedido que se tomen medidas para revertir la situación. De entrada, ha pedido una reunión extraordinaria de la comisión de contratación para que se sancione de manera oportuna a la UTE concesionaria. Para ello, exige que se tomen todas las medidas adminsitrativas necesarias, que pasarían por multas de hasta 6.000 euros e, incluso, la resolución del contrato.