Ningún cargo público podrá testificar por escrito o en su despacho cuando le cite un juez

Alberto Ruiz-Gallardón, consejo de ministros

Gallardón dice que la lucha contra la corrupción es "una prioridad absoluta" para el Gobierno y confía en llegar a acuerdos con la oposición.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sea citado como testigo. Esto es, pretende acabar con el "privilegio" que, a su juicio, supone poder hacerlo por escrito o en su despacho, como ocurre en la actualidad.


Así lo ha adelantado el titular de Justicia en el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación que le ha dirigido la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia, (UPyD), Rosa Díez.

Ésta es una de las medidas contenidas en el texto que la comisión de expertos entregó al Ministerio de Justicia para la elaboración del nuevo Código Penal y que se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que trabaja su departamento.

Además, Gallardón ha confirmado que la futura norma prohibirá también que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral.

SE LO HARÁ SABER A LA DIRECCIÓN DEL PP

Y, en este sentido, ha prometido trasladar a la dirección del PP ese planteamiento del Gobierno con el fin de que en las subsiguientes citas con las urnas las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto. "Si ésa es la voluntad del Gobierno, el partido no irá en contra", ha asegurado.

Éste es el compromiso que Rosa Díez ha arrancado al ministro, a quien minutos antes había retado a no esperar a que la ley obligue para que los partidos políticos, como UPyD, se comprometan 'motu propio' a no llevar en sus listas personas con un juicio oral abierto.

El titular de Justicia también ha destacado que la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, suprimirá la figura de los magistrados autonómicos que hasta ahora eran designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de la terna presentada por los cámaras autonómicas. "Carece de cualquier sentido democrático que un poder del Estado pueda elegir a quien esté ejerciendo jurisdicción", ha argumentado.

"UN CÁNCER QUE PUEDE MATAR A TODOS"

Durante su intervención, Gallardón ha subrayado que para el Gobierno es "una prioridad absoluta" la lucha contra la corrupción, "un cáncer --ha dicho-- que nos puede matar a todos", y ha mostrado el deseo del Ejecutivo de poder llegar a acuerdos con los grupos de la oposición para encontrar medidas que pongan fin a esas prácticas.

"Ésta no debe ser una batalla que gane solo un Gobierno", ha enfatizado el ministro, antes de poner en valor la reunión que el pasado 19 de marzo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvo con las distintas fuerzas parlamentarias para lanzarles este mismo mensaje. "El Gobierno querer esa medalla pero no para él", ha insistido.

Así contestaba Gallardón a la portavoz nacional de UPyD, quien aunque le ha reconocido los "avances" en materia de lucha contra la corrupción ha habido, ha lamentado que ha habido "mucho más medidas" anunciadas que de las que se han puesto en marcha, algo que ha achacado a la falta de voluntad política.

PASAR DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

Tras pedir al ministro pasar "de las palabras a los hechos" para frenar la cada vez mayor preocupación de los ciudadanos por los casos de corrupción en España, Díez ha denunciado que el Gobierno no esté dando instrumentos a quienes tienen que perseguir esta lacra, entre los que ha citado la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria o los jueces.

En su turno, Gallardón ha hecho un repaso de algunas medidas anticorrupción aprobadas por el Gobierno, entre las que ha citado la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración, y ha hecho especial mención a la mejora que en el combate contra la corrupción supone el Código Penal --actualmente en tramitación parlamentaria-- garantizando que cuando éste salga del Parlamento contendrá todas las medidas anticorrupción que pacten los grupos parlamentarios.

Por último, el ministro ha querido dejar claro a Rosa Díez que su Ministerio ha atendido los refuerzos solicitados por los órganos judiciales que persiguen la corrupción. "Hemos sido especialmente cuidadosos con eso", ha dicho.