Más de cien viviendas deberán pagar el IBI que les corresponde

Agravio comparativo. En su mayor parte se trata de construcciones unifamiliares en grandes parcelas que no están dadas de alta en el Catastro y por las que sus propietarios tributan una cantidad menor
E. BERMEJO

El pleno del Ayuntamiento de Villamayor de Armuña aprobó el pasado lunes modificaciones en la gestión de dos ordenanzas; por un lado, la derogación de la número 3, reguladora de la tasa de licencia de apertura de establecimientos comerciales, debido a la entrada en vigor de una nueva normativa de la Unión Europea y, por otro, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 7, reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI.

Tal y como señaló la alcaldesa de la localidad, Elena Diego, el Ayuntamiento encargó hace dos años a una empresa autónoma un estudio de todas las viviendas del municipio, lo que le ha permitido constatar que existen fincas en Villamayor “que tributan pero no estan digitalizadas en la cartografía catastral; otras, que están digitalizadas pero no tributan y otras que directamente no tributan”.

El objetivo de la modificación es que estas viviendas paguen el IBI que les corresponde. Diego calcula que son unas 130 las que no están dadas de alta en el Catastro, y considera la situación como “grave, porque es un desfalco al erario público”.

El objetivo para el Ayuntamiento a partir de ahora es que una vez que conceda la licencia de primera ocupación, ya podrá dar de alta esa casa, algo que en la actualidad no hacen algunos vecinos y por lo que no sólo podrán ser sancionados, sino que tendrán que pagar con efectos retroactivos el IBI que no han abonado en los últimos cinco años.

En su mayor parte se trata de construcciones unifamiliares en grandes parcelas y por las que sus propietarios, al no haberlas dado de alta en el Catastro, tributan una cantidad sensiblemente menor de lo que les corresponde; de hecho, algunas pagan por suelo rústico, es decir, como si no hubieran construido su casa encima.
“El Catastro nos hizo esta propuesta de ordenanza, por la que nosotros le remitiremos toda la información pertinente”, asegura la alcaldesa, que precisa que en breve se firmará el acuerdo, aunque la capacidad de sanción la tendrá el Catastro, no el Ayuntamiento. Aunque no se atreve a dar una cifra concreta de lo que ha dejado de recaudar el Consistorio en este aspecto, la cifra podría no ser inferior a los 300.000 euros, una cantidad respetable.
“Primero tendremos que hacer un requerimiento de pago voluntario, porque todo requiere unos trámites, pero podríamos comenzar con el procedimiento el próximo año, es decir, en 2011”, señala.

Asimismo, la alcaldesa afirma que se ha solicitado también la posibilidad de una revisión catastral, al tratarse de un municipio que tiene más de 5.000 habitantes “y es muy probable que se pueda hacer en 2012, ya que han pasado 12 años desde la última que se hizo”.

Lo que marcan las ordenanzas
La sesión plenaria del pasado lunes aprobó de forma inicial el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal número 7, del Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que supone la introducción de un nuevo apartado en el que se especifica que el Ayuntamiento “se obliga a comunicar al Catastro, siempre que se conceda la correspondiente licencia o autorización, la realización de nuevas construcciones”. Así pues, la comunicación se realizará cuando se otorgue licencia de obras de construcción, de ampliación, de rehabilitación, de demolición y de modificación del uso del edificio.

En cuanto a la Ordenanza Fiscal número 3, cabe señalar que la entrada en vigor de la normativa europea supone la supresión general del procedimiento de licencias de apertura.